La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) afirman que el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, tramitada por vía de urgencia, e impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, limita los derechos de libertad de expresión y de información.
«La tramitación urgente del anteproyecto de ley supone de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía, concepto que impregna el contenido del Anteproyecto de Ley«, dicen en un comunicado conjunto la FAPE, a la que están afiliados más de 17.000 periodistas de toda España, y que preside Miguel Ángel Noceda, quien fue redactor jefe de Economía de El País, y la APM, presidida por Juan Caño, que representa a 5.500 periodistas en la Comunidad de Madrid.
Supone la reinstauración de la censura y de los censores.
«Y no es propio de un Estado democrático bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional».
Ambas organizaciones han mostrado «sorpresa y rechazo», además, por el breve plazo establecido –9 días, del 3 al 12 de agosto– para participar en el proceso de alegaciones.
«Entre otros aspectos, se considera que debería establecerse que el acceso por parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información. Además, no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas», dicen la FAPE y la APM.
Ambas organizaciones de periodistas reclaman que se suprima «la consideración como infracción grave o leve la difusión por los medios de información de informes o informaciones clasificados como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión, sin que en estos supuestos estén obligados los periodistas o los medios informativos a entregar dichos informes o información a ningún funcionario público».
A juicio de la FAPE y la APM, con esta futura ley basta a la Administración con calificar cualquier informe o información correspondiente a su actuación como confidencial o restringida, para impedir o penar cualquier información que se refiera al funcionamiento del sector público».
CENSURA Y CENSORES
Pero lo que es más grave, no es solo que los responsables de establecer dicha clasificación sean personas nombradas por el Gobierno –personas de partido, por lo tanto–; también establece la facultad de delegar esa clasificación en otras personas –de su confianza– que «decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública, que es lo que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España o pueda ser contrario a los intereses de España. Hasta ahora, dicho concepto se denominaba censura».
Las dos «organizaciones profesionales insisten en que la ley que se pretende aprobar supone tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los límites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas», añaden la FAPE y la APM.
Y rechazan de plano que se impida o recorte tanto en el acceso a la información como su publicación estableciendo graves sanciones para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos.
FAPE y APM presentaron ayer las alegaciones ante dicho Anteproyecto de Ley.
