«El hecho de que un letrado de la Administración de Justicia tome la decisión de que es mejor recoger lo que sucede en un juicio con jurado a través de un acta, un medio propio del siglo XX, en vez de utilizar los medios que establece la ley, que son las grabaciones audiovisuales, es de por sí es un escándalo. Y mayor escándalo es la complacencia del magistrado del caso y de la fiscal, cuya función se supone que es la defensa de la legalidad», afirma Belén García, secretaria general del Sindicato de Abogados.
García hace referencia al caso del letrado de la Administración de Justicia (LAJ), Luis Revilla Pérez, responsable de la Oficina del Tribunal del Jurado de Sevilla, quien ha optado porque no se graben esos juicios haciendo una interpretación alternativa del artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim).
Un hecho que ha salido a la luz a través del recurso de apelación interpuesto por el letrado penalista, Luis Romero, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un juicio de su cliente, celebrado entre el 20 y el 24 de junio pasados, no se grabó por decisión del LAJ.
La grabación de todos los juicios es una exigencia y una obligación contemplada no es solo en la LECRim. También el artículo 230.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el acuerdo del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2017 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecen esa obligación.
A la secretaria general del Sindicato de Abogados también «le extrañan» dos cosas. La primera: «¿Por qué tienen que ser excluyentes la grabación audiovisual y el acta? Se pueden hacer las dos cosas. En la Audiencia Provincial de Madrid se hace así. Es un misterio de por qué el LAJ descartó la grabación audiovisual en beneficio del acta. No se entiende».
Y la segunda: «Me extraña mucho la actitud de mis compañeros, que han venido actuando en los 54 juicios con jurado celebrados en la Audiencia Provincial de Sevilla desde 2019. ¿Por qué no denunciaron que esto estaba sucediendo? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué no ha sucedido hasta ahora? La mayor parte de los juicios con jurado que se celebran son de asesinatos y homicidios, los delitos más graves que puede cometer una persona. Me asalta una seria duda y me pregunto: ¿Miraron esos abogados más por sus intereses, por llevarse bien con el LAJ y con el juez, que por la defensa de sus clientes?».
DEPURAR RESPONSABILIDADES
Sea como fuere, según la secretaria general del Sindicato de Abogados, es necesario que «el Ministerio de Justicia, de quien depende el LAJ, investigue lo sucedido y depure responsabilidades. Cuatro años sin grabar los juicios con jurado de Sevilla porque a ese LAJ le venía simplemente mejor, porque pensaba que un acta es mejor que la grabación audiovisual de un juicio es algo no grave sino gravísimo».
García, por otra parte, también tiene una reflexión sobre los otros participantes.
«Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial, por lo que le toca, y la Fiscalía General del Estado, deberían tomar cartas en el asunto e investigar lo que ha estado sucediendo con el tribunal del jurado en Sevilla, porque es un escándalo. Y no me olvido del Colegio de Abogados de Sevilla, que se supone que una de sus funciones es la de defensa de sus colegiados. Desde el Sindicato de Abogados apoyamos al abogado Luis Romero por su valentía en denunciar este estado de cosas. No he escuchado todavía nada, en este sentido, al Colegio de Sevilla», concluye.
