Es bien sabido que los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG por sus siglas en inglés), son factores no financieros que cada vez se tienen más en cuenta por los inversores a la hora de tomar decisiones bien fundamentadas y que son fundamentales para aportar credibilidad a las organizaciones.
El panorama de la sostenibilidad se está ampliando y volviéndose cada vez más complejo y lleno de riesgo. En este entorno, por norma general, las tareas relacionadas con la implementación de la estrategia ESG están recayendo en los departamentos jurídicos. Estos están asumiendo la responsabilidad de diversas actividades en materia de ESG como son el desarrollo del plan, la implementación del mismo, la monitorización de nuevas normativas y el uso de cláusulas ESG en los contratos.
Como protectores del negocio, mitigar los riesgos de ESG es una de las principales responsabilidades de los departamentos jurídicos.
La mayoría de ellos afirma que los siguientes riesgos entran, ya sea de manera total o parcial, en su jurisdicción: regulación, reclamaciones, gobierno corporativo, propiedad intelectual, privacidad de datos, gestión de contratos, cumplimiento normativo, bienes inmuebles….
Pero teniendo en cuenta que los riesgos en ocasiones se encuentran repartidos por diversas áreas, ¿cómo puede el departamento jurídico tener visibilidad completa de todos ellos?
¿Cómo pueden los departamentos jurídicos adoptar una postura proactiva para mitigar los riesgos?
¿Cómo van a asumir con éxito las cargas de trabajo, cada vez mayores, fruto de la creciente importancia de los objetivos ESG y sostenibilidad?
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