Es una de las conclusiones de las XII Jornadas Nacionales de las Juntas de Gobierno de la procura española, celebradas entre el pasado jueves y ayer sábado, en el Palacio de Congresos de Huesca, organizadas por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), cuyo presidente es Juan Carlos Estévez.
Y una de las principales. Los procuradores españoles reclaman al Gobierno de España «la plena y exigida equiparación a los sistemas europeos» en todo lo relativo a la «ejecución de las resoluciones judiciales, de acuerdo con las recomendaciones de la Comision Europea para la eficacia de la Justicia».
Por ello, instan al Gobierno a las «modificaciones legislativas pertinentes a tal fin».
Actualmente el sistema de justicia español está fracasando en la ejecución de las sentencias firmes porque de los 14.000 millones de euros fallados a favor de la parte ganadora esta solo recupera 3.500 millones, un 25 %; 10.500 millones quedan en el limbo, sin cobrarse, frustrando el mismo fin de la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Así, la parte perdedora se convierte en ganadora.
Las ejecuciones en España son responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia. Los procuradores reclaman una modificación legislativa que les atribuya esta competencia, de la misma forma que se hizo en Portugal, permitiendo una recuperación «brutal» de dichas cantidades que, como en España ahora, dejaban de pagarse a sus legítimos dueños.
En sus conclusiones, los procuradores también reivindican un arancel de derechos acorde con el mercado de servicios profesionales y adaptado a las nuevas competencias, abogando también por «el cumplimiento de las directrices de competencia para la repercusión de los costes de los servicios de notificaciones de los Colegios de Procuradores».
La procura, asimismo, se compromete «con la implantación y formación en materia tecnológica ante la transformación digital de la administracion de justicia», con su compromiso incrementado con la «Institución de Mediación de la Procura en el fomento y formación de la mediación y los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC)» y con «el establecimiento de instrumentos que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los Procuradores».
