Solo 1 de cada 4 sentencias con trascendencia económica se ejecutan en España. El 25 %. Son solo 3.500 millones de euros de los 14.000 concedidos a una de las partes en las sentencias dictadas por los jueces en toda España. Desde el Consejo General de los Procuradores de España (CGPE), desde el alto mando de la procura, consideran que este aspecto es «claramente mejorable» y que ellos pueden ser la solución.
No quieren calificarlo, en absoluto, de justicia fallida en el aspecto ejecutorio. Pero las cifras hablan por sí mismas.
Son cifras contenidas en el «Estudio sobre la ejecución de las sentencias judiciales», elaborado por SigmaDos para el CGPE, presentado hoy en la sede del Consejo.
«La eficacia aumentaría si los procuradores españoles pudieran ejecutar estas sentencias, de la misma forma que ya lo hacen en buena parte de los países de la Unión Europea», ha explicado Luis Ortega Alcubierre, vicepresidente de la Unión Internacional de Hussiers y Funcionarios Judiciales, organización de la que forma parte el CGPE.
«Somos los penúltimos en Europa en eficacia de ejecución de sentencias. Delegando la ejecución en profesionales como nosotros, que tenemos seguros de responsabilidad, y permitiéndonos el acceso a las aplicaciones digitales necesarias, todo bajo la supervisión del juez del caso, podríamos devolver a la economía la mayor parte de esos 14.000 millones de euros», ha añadido.
El estudio hace una comparativa sobre las competencias de la procura española y las de Francia, Bélgica, Países Bajos (antes Holanda), Luxemburgo, Escocia, Portugal, Grecia, Lituania, Estonia y Hungría.
Lo que plantea el CGPE con este estudio es dejar muy claro al legislador que hay una solución para este problema. Y pasa por asimilar a la procura española, en cuanto a competencias ejecutivas a las de sus homólogos europeos y a una implantación de herramientas digitales
Todos ellos llevan a cabo la ejecución de la sentencia. En España, no. «En todos esos países el procurador está en todos los trámites del proceso. Es el agente dinamizador. Notifican a los deudores, deciden las medias a aplicar para garantizar el cobro de la deuda y ejecutan los cobros y los embargos. Tienen acceso a registros e informaciones en tiempo real», ha relatado Rosa Díaz, directora general de SigmaDos durante la presentación del estudio.
«En España no es así. Solo ejercen la mera representación. Aquí hay que solicitarle al tribunal la ejecución, el importe, los intereses y las costas, después el juez dicta el auto de ejecución y es el letrado de la Administración de Justicia decreta las medias solicitadas. Esto hace que el proceso sea lento y poco eficaz», ha subrayado.
LOS TIEMPOS EN ESPAÑA SE ALARGAN DEMASIADO
Los tiempos en España se alargan también, en comparación con la mayor parte de los países comparados.
La horquilla, el plazo medio, en ejecutar una sentencia en Hungría, Estonia, Lituania, Bélgica, Escocia, Francia y Luxemburgo va de los 8 días a los 6 meses. En España de 6 a 12 meses.
Solo Grecia nos supera: de 12 a 15 meses.
José Luis Rojo, coordinador del Estudio de SigmaDos, ha contado que el trabajo se ha basado en las sentencias que estaban en trámite entre 2018 y 2019. Un total de 2.400.000. El 60 % de esas sentencias, 1.440.000, implicaban ejecución económica.
«La tasa de éxito, el 25 %, es de 365.000 sentencias bien ejecutadas. Lo que supone la recuperación de 3.500 millones de euros, de los 14.000 millones sentenciados. El 75 % de estas sentencias no se ejecutan, En países como Estonia el éxito es del 85 %. En Bélgica entre el 60 y el 85 %, en Francia del 65 % y en Países Bajos del 62 %. Lituania está entre el 44 y el 60 %. Hungría está en un 32,5 %. Solo nos supera Grecia, otra vez, con un 10 %», ha destacado Rojo.
De acuerdo con Juan Carlos Estévez, «si alcanzáramos las tasas de éxito de cualquier de los países evaluados los resultados serían muy relevantes. Siendo conservadores, si nos igualáramos a Hungría el dinero incrementado sería de 1.000 millones de euros, si lo hicieramos con Lituania, serían casi 4.000 millones de euros. Y si nos pusiéramos a la altura de Estonia, algo más de 8.500 millones de euros».
Lo que plantea el CGPE con este estudio es dejar muy claro al legislador que hay una solución para este problema. Y pasa por asimilar a la procura española, en cuanto a competencias ejecutivas a las de sus homólogos europeos y a una implantación de herramientas digitales.
