«Otorgar Derechos a la Naturaleza supone una revisión crítica y radical del humanismo occidental al rechazar la supremacía de la persona humana». Así lo ha destacado hoy el senador de VOX por Murcia, José Manuel Marín, en el Pleno del Senado, denunciando el «disparate jurídico» que supone la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
El senador de VOX aboga porque se defienda la naturaleza, «por su propia finalidad de mantener la vida», pero matizado que «no podemos otorgarle derechos, porque los ecosistemas y las especies animales y vegetalismo no pueden ser considerados ni como agentes morales ni como sujetos de derechos, dado que no son capaces de actuar de manera recíproca». «Es decir, no pueden asumir deberes», ha añadido.
Por ello, ha puesto de manifiesto algunos de los «errores o imprecisiones, que a tenor de los letrados del Senado son importantes».
En primer lugar, se ha referido al artículo 3: «Respecto al Comité de Representantes, adolece este punto de indicación del tiempo de duración de mandato y de la forma de elección de los ciudadanos una vez que fuese necesaria la renovación».
En cuanto a la Comisión de Seguimiento, ha señalado que «no se indica en qué número máximo estarán estos sectores representados ni el criterio de representatividad que va a seguirse, y adolecer de inconcreción en la forma de elección podría conllevar retrasos inconvenientes».
Respecto a la Disposición derogatoria única, ha pedido que se tenga en cuenta el criterio 41 de de las Directrices de Técnica Normativa que establece que se evitarán las cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente.
Pero, además ha advertido Marín que la Proposición de Ley «no contempla si las medidas conservadoras, restauradoras o reparadoras que unos u otros puedan proponer, deben estar amparadas por una Ley para devolver sus condiciones naturales a un ecosistema natural», sino que contiene algo «enormemente más profundo y trascendente, como que el dominio civil deba someterse a la ecología».
En definitiva, afirma que se traduce en una Ley específica que otorga al Mar Menor y su cuenca dos capacidades, la jurídica -derechos propios-, y la de obrar- libertad para fijar actuaciones y reclamar recursos financieros-, que se ejercerían a través de un Defensor del Mar Menor, que ostentaría la representación y la gobernanza de este ecosistema.
El senador ha denunciado «los graves daños ecológicos que ha sufrido, y sigue sufriendo este espacio natural», y que, según asegura, «se deben a la falta de aplicación y cumplimiento de las normas por las distintas administraciones implicadas: municipal, regional y nacional, siendo el Gobierno de España, el que tiene la mayoría de las competencias para recuperar el Mar Menor».
Marín ha denunciado que las administraciones «no han hecho nada». «Si se hubiera aplicado la legislación vigente, nada de esto hubiera sucedido, puesto que ya existen figuras de protección, tanto internacional como nacionales, y legislación que protege el Mar Menor», ha expuesto, y ha concluido que «lo que hay que hacer es cumplir con todo ello, no crear nuevos entes, pues ocurrirá lo mismo: No se aplicaría».
