El auditor de la consultora PwC, José María Sanz, ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que no encontró ninguna irregularidad al revisar las cuentas del Banco Popular en el año 2012. Ha apuntado que, en su opinión, sí expresaban la imagen real de la entidad.
Durante una hora, Sanz ha explicado al titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que la ampliación de capital realizada ese mismo año dejó un buen retorno económico para los inversores. Además, al igual que defendió el pasado miércoles Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, ha querido resaltar que el folleto estaba explicado de forma correcta.
En su declaración, ha relatado ante Pedraz cómo se calcula el fondo de comercio y por qué su valor cambió con la adquisición por parte del Popular del Banco Pastor.
Ha alegado que existe una norma que regula cuándo y cómo se debe hacer la valoración en el caso de combinación de negocios. Y eso es lo que hizo el Popular, ha resaltado.
Y es que la adquisición del Pastor es una de las cuestiones que investiga el juez. Pues en una de las querellas se señalaba que el Consejo de la Administración del Banco Popular era conocedor de que, si proyectaba al mercado la realidad de la situación de la empresa, la ampliación de capital de 2012 no alcanzaría los resultados deseables para aumentar el capital.
Cabe aclarar que estos hechos son distintos de los que se investigan en otro juzgado de la AN, el Central de Instrucción Número 4. En concreto, el juez José Luis Calama analiza dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de ese año, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
Estas citaciones llegan después de que el juez admitiese en el mes de julio dos querellas contra Banco Popular al considerar que pudieron incurrir en “omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información.”
En una de las querellas se explica la situación financiera del banco entre 2010, 2011 y 2012 y se especifican los indicios por los que se entiende que se faltó a la verdad en la información dada para la ampliación de 2012.
