El dinero que se va a invertir en Justicia para el año 2023 dio de que hablar en una conferencia sobre la independencia económica organizada por el grupo parlamentario Vox el viernes pasado.
Y es que para el año que viene, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han dedicado a Justicia 2.304 millones de euros, un 7,83% más que en 2022. Pero no es suficiente.
Para el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea, este aumento es “irrisorio” e “insultante”.
«Ojalá la Justicia tuviese una cuarta parte de los medios que dispone Hacienda. Ya que la Justicia no tiene un retorno efectivo, pero para llegar a conseguir una independencia económica, tiene que haber, una inversión. Y hasta que no la haya, no seremos independientes».
Para el decano, la independencia económica es como una quimera, pues no la ha visto en sus más de 30 años de ejercicio ni cree que la vaya a ver. “La carencia de medios que hay en España es evidente, e incluso ha llegado a Europa”, apuntó.
Además, señaló que la dispersión de los sistemas de gestión procesal en las distintas comunidades autónomas es un impedimento a la hora de lograr la independencia económica.
“A mí me eliminan la territorialidad y puedo ejercer en otras Comunidades Autónomas, pero un pelito en Barcelona no es igual que uno en Madrid o en Aragón porque hay limitaciones que obligan a realizar una mayor inversión”.
En judicatura pasa igual, destacó el decano. “Los jueces dependen del Consejo, los LAJ del ministerio y los funcionarios de las comunidades autónomas y eso, en sí mismo, es un anacronismo”.
En la intervención participaron Jorge Buxadé Villalba, europarlamentario de Vox y Abogado del Estado en excedencia y Marta Castro Fuertes, vicesecretaria nacional jurídica de Vox y presidenta de la Asociación Iustitia Et Iure. Ha moderado la mesa Carlos Zambrano García, vocal de la Comisión de Justicia de Vox y abogado.
De izquierda a derecha: Carlos Zambrano García, Jorge Buxadé Villalba, Marta Castro Fuertes y Alberto García Barrenechea. Fotos. Blanca Valdés/Confilegal.
Marta Castro consideró que la financiación debe quedar reducida a dotar de las herramientas de gestión suficientes al Poder Judicial. Asimismo, se sorprendió de que el gasto en formación con respecto a los Presupuestos Generales del Estado haya descendido porque “la formación es inversión, no gasto”.
«Todo apunta bajo el auspicio del paraguas de la perspectiva de género»
Por otro lado, se mostró asombrada por el interés en que “todo apunte bajo el auspicio del paraguas de la perspectiva de género. Por la puerta de atrás, en los presupuestos, se está dotando y primando la perspectiva de género y controlando el poder judicial”.
Y es que, según opinó, “tanto el lenguaje como la manera de introducir los términos acaban impregnándolo todo”. Como ejemplo, Castro puso que hoy en día, a los jueces, para promoción y selección, “se les está obligando a realizar cursos de violencia de género para poder acceder a ciertas plazas del Poder Judicial y lo sorprendente es que no sólo son plazas para la especialización en la violencia, sino que también, por ejemplo, lo social, contencioso administrativo y mercantil”.
La vicesecretaria nacional jurídica de Vox destacó que “se está acabando con el criterio libre y la imparcialidad del juez, por lo que no se está garantizando la independencia”.
Según declaró a Confilegal, esta dificultad para mantener la independencia viene dada por los obstáculos a nivel de nombramientos por el sistema actual y por los impedimentos para que se realicen unos presupuestos de verdad para una institución despolitizada. De esta forma “se lograría una independencia judicial y se preservaría la imparcialidad de los jueces”.
Para Jorge Buxadé Villalba, lo más importante es que los jueces quieran ser independientes y que se crean de verdad su independencia. “Todas las instituciones clásicas están desmoralizadas”.
Cuando se habla de independencia económica del Poder Judicial, a Buxadé le gusta hablar de independencia económica de cada juez y de cada magistrado. Que según destacó, “tiene que garantizarse respecto a dos sujetos que atentan: el poder público y el privado”. Por lo que se mostró preocupado porque el juez no sea independiente frente al poder privado de las grandes empresas que tienen una gran capacidad de influencia.
En su intervención reconoció la labor de los jueces, pero también ha resaltó que las grandes sentencias, tanto en el orden civil, penal como en el ordenamiento jurídico, se refieren a las grandes empresas. “Nunca una persona particular provoca en el Supremo un cambio en la doctrina, siempre son grandes empresas”.
