La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha creado una herramienta gratuita para ayudar a los responsables de tratamientos a decidir si deben notificar una brecha de datos personales a la autoridad de control. Cada año se reciben 1.500 notificaciones sobre este asunto.
El programa, denominado Asesora Brecha, también puede ser utilizada por delegados de protección, encargados de tratamiento o consultores para obtener información adecuada con la que asesorar a los responsables.
La herramienta es un recurso de utilidad para que cualquier organización, responsable de un tratamiento de personales, pueda valorar la obligación de notificar a la AEPD una brecha de datos personales, tal y como establece el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos.
Y es que, según establece el Reglamento General de Protección de Datos, hay una obligación que tienen los responsables de datos personales de notificar a la autoridad de control competente la existencia de una brecha de datos, sin dilación indebida, y en un plazo de 72 horas desde que haya tenido constancia de la misma.
“Salvo que sea improbable que dicha brecha de seguridad constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas”, ha señalado el el comunicado.
Dicho programa está ordenada en secciones (obligación/responsabilidad; brecha, competencia, y riesgo, confidencialidad, disponibilidad e integridad) para que no sea necesario completar el formulario íntegro en todos los casos.
Una vez finalizado, los datos aportados durante el proceso se eliminan, por lo que la AEPD no puede conocer la información aportada.
La AEPD recibe cada año una media de 1.500 notificaciones de brechas al año, lo que representa un alto nivel de situaciones en las que el asesoramiento de la Agencia puede resultar clave para la adecuada gestión de este tipo de incidentes.
La herramienta asesora sobre quién tiene que notificar; qué situaciones se corresponden con una brecha de datos personales y cuáles no; cuál es el organismo competente (AEPD; las autoridades autonómicas de protección de datos u otras autoridades de Estados miembros de la UE) y si esa brecha ha de ser notificada o no en función del riesgo.
