El número de expedientes resueltos durante 2021 por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid (CAM) se elevó a 107.585, un 13,2 % más que en 2020.
El montante de los pagos realizados por el Gobierno madrileño para sufragar la Asistencia Jurídica Gratuita durante 2021 ascendió a 44,1 millones de euros, de los que 38,7 se destinaron a los honorarios de abogados y los 5,3 millones restantes a los de los procuradores.
El orden jurisdiccional con mayor número de solicitudes concedidas, denegadas o archivadas fue el penal, con un 64,1%, seguido del civil (25,8%), el social (5,3%) y el contencioso-administrativo (4.7%).
De este balance se desprende que el 15,8 % (12.446) de los beneficiarios de este servicio público fueron víctimas de casos de violencia contra la mujer.
Por su parte, en 2021 se incrementó en un 19 % la resolución de peticiones relativas a ciudadanos extranjeros, hasta un total de 53.448.
Asimismo, el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de la Administración autonómica gestionó 7.950 llamadas, atendió presencialmente a 207 personas, recibió 409 encargos derivados del 012 –servicio de información y atención multicananal de la Comunidad de Madrid- y respondió a 2.471 escritos.
MEMORIA ANUAL
Son datos contenidos en la memoria anual de Asistencia Jurídica Gratuita 2021, presentada ayer públicamente en un acto que contó con la participación del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López; la viceconsejera Yolanda Ibarrola; la directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandra Alonso; el decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Ángel Llamas; Marisol Cuevas, directora de Servicios a la Ciudadanía del ICAM; y Alberto N. García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid.
Entre el público se encontraba, además, la vicedecana Carmen Giménez Cardona.
Para lograr una mayor celeridad a la hora de tramitar las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha llevado a cabo una serie de mejoras, entre ellas, la obtención de los datos económicos y personales de los interesados a través de documentos electrónicos; el avance en la resolución automática; la firma electrónica; y el estudio y desarrollo del expediente digital con los colegios profesionales y los servicios informáticos de la Administración regional.
Para 2022, el Ejecutivo autonómico ha aumentado la partida de los emolumentos un 7 %, hasta un presupuesto total de 51,6 millones, además de incrementar los baremos de los emolumentos a percibir por parte de estos profesionales del Derecho.
Con 6.751.251 habitantes en la Comunidad de Madrid, esta inversión pública es un 11,2% superior a la que dedica el Gobierno central para, por ejemplo, los 8.353.474 ciudadanos residentes en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, territorios todos ellos sin competencias autonómicas en el ámbito de la Administración de Justicia.
La comparativa per cápita es aún más significativa, y supone que Madrid destina un 37,6 % más de recursos económicos que el Ministerio de Justicia.
