El Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, publicó el pasado lunes una circular sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal en la que se unifican criterios y se establecen unas directrices claras y concretas por las que se regirá la actividad investigadora de la Fiscalía.
De esta forma, se refuerza la doctrina de la FGE o a través de un texto único que sistematiza toda la normativa vigente, así como la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, según la circular.
Dicho documento sustituye al de 2013 y tiene el respaldo de Fiscales de Sala. El objetivo es desarrollar -dentro del marco legal- las capacidades y potencialidades de la actividad extraprocesal de la Fiscalía, guiándose por los principios de eficacia, agilidad y pleno respeto a las garantías procesales de las personas investigadas y a los derechos de las víctimas.
El FGE lo anunció en el Congreso
Esta circular, como ya anunció Álvaro García en el Congreso de los Diputados, pretende ser un instrumento que sirva de anticipo al Ministerio Fiscal ante el reto de asumir la investigación penal, ocupando su espacio propio dentro de las posibilidades que la ley ofrece.
Entre sus principales novedades se encuentra el papel protagonista que se da a las víctimas, quienes podrán tener acceso a la investigación aun cuando no sean parte. La información se les ofrecerá de manera personal y adaptada cuando se trate de personas vulnerables. Asimismo, se articulan medidas para asegurar su intimidad.
También se regulan de manera novedosa los mecanismos para fortalecer las garantías de las personas investigadas, que tendrán derecho a conocer la investigación e intervenir en las diligencias que se practiquen desde el momento en que se desprendan indicios contra ellas.
Por otra parte, se potencian y refuerzan las competencias de las especialidades del Ministerio Fiscal, en línea con la apuesta decidida de la Fiscalía General del Estado por la especialización.
En la circular se contemplan tres tipos de actividad extraprocesal. Las diligencias preprocesales tienen por objeto la práctica de las pesquisas necesarias para decidir si procede la presentación de denuncia o querella. Son las tradicionalmente conocidas como “diligencias de investigación”.
Las diligencias auxiliares son las puntualmente necesarias para sostener un acusación mejor fundada y están dirigidas a obtener los medios de prueba precisos para su aportación al procedimiento, cualquiera que sea su fase.
Finalmente, las diligencias posprocesales se dirigen a obtener nuevas fuentes de prueba que permitan instar la reapertura de un procedimiento penal que se encuentra provisionalmente sobreseído.
