La medida tendrá efecto desde esta misma Navidad, entre los días 24 de diciembre y 6 de enero, periodo durante el que no se realizarán señalamientos ni se contabilizarán los días desde el punto de vista procesal.

Día histórico: Por fin abogados, procuradores y graduados sociales podrán descansar en Navidad

Entra en vigor la inhabilidad navideña, tras su publicación hoy en el BOE

23 / 12 / 2022 08:03

Actualizado el 24 / 12 / 2022 08:57

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la modificación de los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para establecer la inhabilidad procesal del periodo que media entre los días 24 de diciembre y 6 de enero de cada año judicial «con el fin de compatibilizar los principios de seguridad jurídica, el derecho de defensa y los derechos de los y las profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, concretamente, el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en dicho periodo».

Esta medida no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas judiciales, que continuarán prestando el servicio público, afectando especialmente al cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará inmediatamente después del transcurso de este periodo.

El precepto deja a salvo la posibilidad de habilitación de estos días en los términos previstos en la legislación orgánica y en las leyes procesales.

El texto señala que los profesionales de la abogacía, la procura y los graduados y graduadas sociales «aspiran a la regulación de una serie de medidas que permitan una mayor conciliación de la vida personal y familiar con su desempeño profesional ante los tribunales de justicia», e indica que «si bien la mayor parte de las mismas han sido atendidas por otras leyes, resulta necesario anticipar en esta norma la declaración de inhabilidad del período navideño, a cuyo efecto se modifican el artículo 130.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 43.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social».

Se materializa así una demanda histórica de la abogacía, los procuradores y los graduados sociales.

La nueva regulación supone el cumplimiento del compromiso adquirido previamente por la ministra de Justicia, Pilar Llop, con los operadores legales.

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