La medida tendrá efecto desde esta misma Navidad, entre los días 24 de diciembre y 6 de enero, periodo durante el que no se realizarán señalamientos ni se contabilizarán los días desde el punto de vista procesal.
Día histórico: Por fin abogados, procuradores y graduados sociales podrán descansar en Navidad
Entra en vigor la inhabilidad navideña, tras su publicación hoy en el BOE
|
23/12/2022 08:03
|
Actualizado: 24/12/2022 08:57
|
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la modificación de los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para establecer la inhabilidad procesal del periodo que media entre los días 24 de diciembre y 6 de enero de cada año judicial «con el fin de compatibilizar los principios de seguridad jurídica, el derecho de defensa y los derechos de los y las profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, concretamente, el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en dicho periodo».
Esta medida no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas judiciales, que continuarán prestando el servicio público, afectando especialmente al cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará inmediatamente después del transcurso de este periodo.
El precepto deja a salvo la posibilidad de habilitación de estos días en los términos previstos en la legislación orgánica y en las leyes procesales.
El texto señala que los profesionales de la abogacía, la procura y los graduados y graduadas sociales «aspiran a la regulación de una serie de medidas que permitan una mayor conciliación de la vida personal y familiar con su desempeño profesional ante los tribunales de justicia», e indica que «si bien la mayor parte de las mismas han sido atendidas por otras leyes, resulta necesario anticipar en esta norma la declaración de inhabilidad del período navideño, a cuyo efecto se modifican el artículo 130.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 43.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social».
Se materializa así una demanda histórica de la abogacía, los procuradores y los graduados sociales.
La nueva regulación supone el cumplimiento del compromiso adquirido previamente por la ministra de Justicia, Pilar Llop, con los operadores legales.
PDF DEL BOE PARA DESCARGAR
Noticias Relacionadas:
