El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el envío de una serie de cartas explosivas a distintas instituciones ha acordado abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.
Fuentes jurídicas han explicado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha abierto una pieza separada secreta dentro de este procedimiento, que se inició el pasado mes de noviembre.
Desde entonces, el magistrado indaga en el envío de una serie de misivas que contenían material pirotécnico. Una de ellas fue remitida al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre, después de que los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia, detectasen un envío postal sospechoso. Se trataba de un sobre dirigido al presidente del Gobierno que había sido remitido por correo postal ordinario.
Ese sobre sería similar por sus características y contenido a los recibidos por la Embajada de Ucrania y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, por la empresa Instalaza en Zaragoza, por la Base Aérea de Torrejón y por el Ministerio de Defensa.
Declaración de los responsables de seguridad
En el marco de esta causa, el juez Calama tomó declaración el pasado 22 de diciembre a los responsables de seguridad de los órganos que recibieron una serie de cartas explosivas.
Estos, según señalaron fuentes jurídicas, corroboraron ante el magistrado la versión que ofrecieron ante la Policía, y que incluía detalles concretos sobre el aspecto de los paquetes.
El instructor tomó declaración ese día, en concreto, a los responsables de seguridad de Presidencia del Gobierno, a los técnicos de seguridad del Ministerio de Defensa, al jefe de Seguridad de la Embajada de EEUU en Madrid, al vigilante de la Embajada de Ucrania al que le explotó la carta y a los integrantes del servicio de seguridad del Centro de Satélites de la Unión Europea con sede en Torrejón.
Después de esta ronda de declaraciones, el magistrado todavía tiene pendiente tomar declaración al trabajador de la empresa de Zaragoza Instalaza, que también recibió una carta explosiva.
