La Audiencia Provincial Valencia ha decretado una orden de búsqueda y captura para un abogado que no se ha presentado este lunes en el juicio que debía iniciarse contra él por estafar presuntamente a más de 130 clientes a quienes pidió una provisión de fondos pero que, supuestamente, se quedó el dinero sin iniciar ninguna demanda.
Se trata de la tercera vez que el letrado no comparece ante el tribunal, por lo que Fiscalía ha solicitado asimismo prisión provisional para el acusado cuando sea localizado.
La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia debía iniciar este lunes el juicio contra este abogado para el que Fiscalía reclama en su escrito de calificación provisional tres años de prisión, multa e inhabilitación y al que acusa de estafar entre marzo y octubre de 2015 a más de 130 personas que le habían encargado, a través de un sindicato, la interposición de demandas contra la entidad bancaria Bankia por la adquisición de acciones preferentes con motivo de su salida a Bolsa en julio de 2011, pero se quedó el dinero sin presentarlas.
Confían en retomar el juicio el miércoles si el acusado aparece
Sin embargo, el letrado no se ha presentado y la magistrada de la Audiencia ha ordenado la suspensión del juicio -dado que al exceder la pena solicitada los dos años de cárcel no puede celebrarse en ausencia del acusado- y ha decretado una orden de búsqueda y captura debido al «enorme perjuicio» que provoca el acusado con su incompacencia ya que «son muchos los perjudicados en esta causa, y muchos de ellos personas mayores, y con esta conducta les causa un perjuicio añadido».
Así, ha aplazado las testificales de mañana y confía en poder reanudar el juicio el miércoles si el acusado está ya bajo su disposición.
Asimismo, la Fiscalía ha pedido que se valore la conveniencia de prisión provisional para el acusado una vez sea localizado ya que se trata de la tercera vez que no acude a un llamamiento judicial de forma injustificada -las otras dos en fase de instrucción- en «un intento de entorpecer el procedimiento y dilatarlo» al máximo.
La Fiscalía, en su escrito provisional, pide para el acusado tres años de cárcel por un delito de deslealtad profesional y de apropiación indebida al considerar que ingresó en concepto de provisión de fondos de cada uno de los más de 130 clientes cantidades que oscilaban entre los 170 y los 242 euros para interponer una demanda contra Bankia.
Sin embargo, sostiene que, en lugar de cumplir el encargo, «se limitó a dirigir un escrito al servicio de atención al cliente del banco que resultó infructuoso en todos los casos, no presentó demanda alguna y perjudicó así con su inacción los intereses de sus clientes».
