El expresidente catalán Carles Puigdemont ha recurrido el auto por el que el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, le procesó por presuntos delitos de desobediencia y malversación, instando al magistrado del Tribunal Supremo (TS) a que revoque su decisión y deje sin efecto la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión que dictó en su contra.
En un escrito, la defensa del líder independentista -a cargo del letrado Gonzalo Boye– ha reclamado que, en caso de que no se estime su recurso, se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una batería de cuestiones prejudiciales.
Entre otras cuestiones, insta a que se pregunte si el Tribunal Supremo es el órgano competente para llevar una causa contra un eurodiputado, como es el caso de Puigdemont, que goza de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que entró en vigor el pasado 12 de enero.
Ese mismo día, el magistrado del TS acordó cambiar la desaparecida sedición por desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y mantener la malversación agravada, desechando las nuevas versiones atenuadas.
La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí fue la primera en combatir el auto de Llarena. Procesada inicialmente por sedición, alega que no puede ser imputada «de golpe» por desobediencia, a lo que anuda que, en cualquier caso, el delito estaría prescrito.
El también ex consejero Lluís Puig impugnó igualmente la resolución judicial para solicitar a Llarena que, de la sedición y malversación que le achaca, retire este último delito. Alega que la presunta malversación se basa en gastos de papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas electorales que la Generalitat no pagó, conforme al propio relato de la sentencia del ‘procés’.
El auto de Llarena también ha sido recurrido por los fiscales del ‘procés’ y la Abogacía del Estado. En ambos casos, piden al instructor que persiga a Puigdemonr por desórdenes públicos agravados, además de por desobediencia y malversación agravada.
