El Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género apoyó ayer la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con el objeto de que todas las víctimas de la violencia machista sean atendida por profesionales especializados en esta materia.
También se ratificó la importancia de que tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propongan el uso de dispositivos electrónicos en todos los casos de “especial relevancia”.
Durante la reunión, celebrada en la sede del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno del Observatorio analizó las propuestas realizadas por los representantes de las instituciones, todas ellas dirigidas a mejorar la protección de las víctimas y la respuesta de las administraciones ante los casos de violencia machista.
Parte de esas propuestas fueron trasladadas la pasada semana por la presidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona, al Congreso de los Diputados durante su comparecencia ante la Subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género.
La especialización de los órganos judiciales sigue siendo considerada una de las principales medidas en la lucha contra la violencia machista.
En este sentido, el Observatorio ha apostado por que se siga trabajando en la especialización de los juzgados de lo Penal así como en la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que permitirá una atención profesional especializada (juez, fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad, forenses, trabajadores sociales, abogados y procuradores, entre otros) a un mayor número de víctimas de violencia de género.
Además se ha puesto de manifiesto la importancia de modificar la ley para ampliar la competencia de los órganos judiciales especializados a todos los casos de delitos contra la libertad sexual.
Unidades de valoración forense
También se ha acordado impulsar la creación en todo el territorio nacional de Unidades de Valoración Forense Integral, formadas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales especializados, y la puesta en marcha de un protocolo de valoración forense urgente del riesgo en todos los partidos judiciales.
La atención directa y especializada a las víctimas de la violencia machista está en el epicentro de las propuestas del Observatorio, que aboga por dar un impulso a la creación de las oficinas de atención a las víctimas y por que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas coordinen sus actuaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas.
Uso de los dispositivos electrónicos
El Observatorio también considera necesario impulsar el uso de los dispositivos electrónicos, una herramienta que se ha mostrado muy eficaz en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, así como de sus hijos e hijas.
A este respecto, tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propondrán la implantación de los dispositivos en todas las situaciones que se consideren de “especial relevancia”.
En dicha reunión se destacó también la importancia de perfeccionar el sistema de valoración del riesgo en los casos de agresores “persistentes”.
Los representantes del Ministerio del Interior señalaron al respecto que se está estudiando la fórmula para comunicar a la víctima en casos de agresores persistentes, sin que ello suponga vulneración alguna de las leyes de protección de datos.
Finalmente, a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, el Observatorio acordó que la asistencia letrada a las víctimas sea obligatoria antes de la interposición formal de la denuncia y, a propuesta del Consejo General de Procuradores, que se facilite la presencia de estos profesionales desde que se inicia el procedimiento en el juzgado de guardia.
Completar el desarrollo del Pacto de Estado
La presidenta del Observatorio abogó por desarrollar en su integridad las medidas contenidas en el Pacto de Estado de 2017. En este sentido, señaló la necesidad de establecer la obligatoriedad de que las denuncias y partes de lesiones recibidos en sede judicial sean remitidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su incorporación a la base de datos de VioGén.
También, la modificación del artículo 468 del Código Penal para que prevea como penas accesorias la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima.
Sólo si se incluye esta previsión, los jueces podrán imponer medidas de alejamiento y prohibición de la comunicación en todos los casos en los que el agresor quebrante las medidas de protección que hayan sido acordadas, bien durante la instrucción bien en sentencia.
Durante la reunión se abordó también la necesidad de adaptar al Convenio de Estambul la definición que la Ley 1/2004 hace de la violencia de género y, en este sentido, considerar como tal todas las agresiones cometidas contra la mujer por el hecho de ser mujer, sin limitarlas a las que se producen en el ámbito de la pareja o ex pareja.
A la reunión asistieron representantes de todas las instituciones que forman parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Además de Carmona, la vocal Carmen Llombart; el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell; la jefa de Área de VioGén, comisaria María Jesús Cantos Cebrián; la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato; y representantes del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores.
