El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Rafael Mozo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,acordaron ayer potenciar la especialización y la comarcalización de órganos judiciales, en referencia directa a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM), para garantizar los recursos especializados a todas las víctimas de violencia de género de toda España.
El acuerdo, en desarrollo de la medida 123 del Pacto de Estado contra la violencia de género, fue cerrado ayer en la reunión que mantuvieron en la sede del Ministerio para analizar el repunte de asesinatos por violencia de género en el mes de diciembre, en el que se han producido 11 muertes; elevando a 50 el total de víctimas durante 2022.
Y supone un cambio de paradigma y de estrategia.
Actualmente existen en España 106 Juzgados de Violencia de Género exclusivos y 355 mixtos, en los que, además de resolver casos de esta naturaleza también tienen que resolver otros de las jurisdicciones civil y penal.
Lo que han acordado las tres autoridades, con la «comarcalización», es redefinir los espacios de competencia de los JVM exclusivos concentrando en un partido judicial los asuntos de esta materia que se llevan en uno, dos o tres más partidos judiciales en juzgados mixtos, dando una respuesta más rápida y efectiva. Ya que los JVM exclusivos disponen de recursos que los mixtos no tienen –y en muchos casos no llegan al límite de su carga de trabajo–. La respuesta sería mucho más rápida.
El concepto de la «comarcalización» lleva manejándose desde hace un mínimo de 12 años. En octubre de 2013, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya –hoy vocal del CGPJ–, declaró públicamente, en su discurso de apertura del año judicial, su apuesta por comarcalizar «sin miramientos ni localismos» los juzgados de violencia contra la mujer.
«Es inoperante e ineficiente, y no resiste un mínimo análisis serio que esta materia no esté concentrada en los juzgados exclusivos», afirmó.
Isabel Winkels, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho, asociación de juristas que viene batallando desde hace años por la implantación de una medida idéntica para los Juzgados de Familia exclusivos, saluda el acuerdo tomado por las tres autoridades.
«En España tenemos 163 juzgados especializados en familia y en capacidades y 1187 juzgados no especializados, mixtos en muchos casos, que resuelven esta casuística. Lamento las circunstancias que han llevado a las autoridades a tomar esta decisión, pero celebro que haya sido la solución planteada por la Plataforma la que se quiere implantar mediante la comarcalización, que no es otra que todos los JVM sean especializados», declaró a Confilegal.
«Es una declaración pública de que la especialización es la única solución para afrontar el problema de la violencia de género. Esa misma especialización en los Juzgados de Familia contribuiría a reducir también este tipo de sucesos», añadió.
Los responsables del CGPJ, del Ministerio y de la Fiscalía coincidieron en denunciar esta “insoportable realidad que supone una violación de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijas e hijos, y que constituye un mal endémico y estructural que requiere de toda la sociedad para combatirla. Lamentablemente, se trata de un problema estructural y, como tal, requiere de medidas firmes y contundentes desde los tres pilares de la Justicia”, señalaron.
