La batalla judicial de la exmossa d’Esquadra, Inmaculada Alcolea, denunciante pública del independentismo dentro de la policía autonómica catalana, ha finalizado. Fue expedientada y por ello, le sometieron a diversas medidas cautelares. Tras ganar en instancia, el Supremo le ha vuelto a dar la razón y ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña.
La providencia, que corresponde a los primeros nueve meses de medidas cautelares, ha sido dictada por los magistrados Pablo Lucas Murillo, José Manuel Bandrés, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Isaac Merino y Ángeles Huet el pasado 19 de enero.
Un comentario en Facebook
Todo comenzó cuando su madre, anciana y enferma publicó por error en su Facebook pensando que era su cuenta comentarios en los que menospreciaba a Carles Puigdemont. Pero a pesar de que ella defendió su postura y argumentó que no era la autora de tales palabras, de poco valió.
Estos comentarios fueron denunciados por un compañero suyo de «Mossos por la independencia» y por ello, la Dirección General le abrió un expediente sancionador el 12 de enero de 2017 que finalizó el 5 de septiembre de ese mismo año por caducidad. Posteriormente le volvieron a abrir otro por los mismos hechos que abarcó desde el 5 de septiembre de 2017 hasta el 5 de mayo de 2018.
En ese periodo de tiempo, le sometieron a varias medidas cautelares como, por ejemplo suspenderle de empleo y sueldo o trasladarla coercitivamente a trabajar a la localidad barcelonesa de Arenys de Mar, a 140 kilómetros de su domicilio.
También le trasladaron a la prisión de Puig de les Basses, en Figueres, por decirle a una patrulla de Mossos d’Esquadra “viva España”. Sus superiores consideraron que no tenía neutralidad política. “No querían que estuviera cara al público” explicado a este periódico Alcolea.
Este último incidente ocurrió cuando estaba de vacaciones y acababa de enterarse de una propuesta de sanción de siete meses de suspensión de empleo y sueldo por la resolución del expediente que hacía referencia a Puigdemont.
Pues bien, ante esta situación, Alcolea acudió a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) argumentó que dichas medidas cautelares no estaban ni motivadas ni se ajustaban al tiempo establecido en la ley. Por lo que las declaró nulas.
«Es desangrar al funcionario»
Y a pesar de ganar, la Generalitat, como ya se ha citado anteriormente, recurrió. Pero al ser inadmitido porque el expediente estaba caducado, se ha confirmado la nulidad de las medidas cautelares. Además, ha condenado a la Administración a abonarle 2.000.
«Todo este proceso no habría sido posible sin la ayuda de mi abogado Jacinto Quintans Pérez«, ha relatado.
Pero esta situación, aun así, no le ha consolado demasiado ya que «la justicia no es justa y quieren desangrar al funcionario”.
Pero sobre todo, ha criticado duramente que la Generalitat sólo recurra los procedimientos contra ella y no contra Albert Donaire, mosso por la independencia.
«Este mosso votó en el referéndum el 1 de octubre de 2017 desobedeciendo una orden judicial e incurriendo en una infracción muy grave de insumisión individual a una orden legítima dada por la autoridad», ha explicado Alcolea.
Además, Donaire, por redes sociales ha comentado que la Constitución no le representa porque no es la suya. “A él ni si quiera le llevan al TSJCat sus sentencias ganadas y a mí absolutamente todo”.
Actualmente paga los abogados y procuradores gracias a una campaña de ayuda de crowdfunding “Ayuda x acoso judicial de la Generalidad y Donaire”. Pues tiene pagados más de 31.000 euros.
La jueza de lo Social calificó su baja de laboral por acoso y hostigamiento
Alcolea ha querido dejar claro que todo esto es completamente acoso. Es más, el pasado 28 de marzo de 2022, la jueza Mª de las Flores Gadea Contreras, del Juzgado de lo Social Nº7 de Barcelona, la declaró en situación de incapacidad temporal basada en una causa laboral en su sentencia 125/2022.
Alcolea alegó que el proceso de incapacidad temporal iniciado en marzo de 2018 es consecuencia de una situación de conflicto en el trabajo y de acoso moral continuado que le provocó la incapacidad temporal no fue consecuencia de enfermedad común.
La jueza relató en la sentencia que “la problemática que la trabajadora ha vivido desde el primer expediente sancionador en 2017 acredita la situación de acoso y hostigamiento que se alega y que se refuerza con los partes médicos presentados” así como diversos informes.
Pero según ha explicado la exmossa, este acoso no sólo se ha ceñido a ella, sino también a su pareja sentimental Moisés Abelli al que la división de Asuntos Internos «ha expedientado de manera ilegal con una infracción disciplinaria inexistente basándose en la falta de objetividad en la elaboración de un tríptico de pérdida de DNI a su pareja». Pues aluden a que pudiera corresponder a un atestado judicial o, incluso, a un procedimiento administrativo.
Aluden a que ese tríptico de pérdida de DNI pudiera corresponder a un atestado judicial o incluso a un procedimiento administrativo. Actualmente su pareja está cumpliendo un mes de suspensión de empleo y sueldo y está a la espera de que se celebre el juicio a finales de febrero.
