El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) acordó ayer promover modificaciones legislativas que puedan permitir a los Colegios cumplir con la obligación que les impone la ley, garantizando el principio de seguridad jurídica, así como impulsar las oportunas acciones judiciales en esa dirección.
El CGAE considera que las sentencias limitan el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva al no poder tener con antelación un conocimiento, siquiera aproximado, del coste del procedimiento judicial en el caso de que exista la condena en costas.
A juicio del Consejo las recientes sentencias en materia de costas han creado una situación caótica porque vienen a prohibir a los colegios de abogados la la elaboración y utilización de criterios para la emisión de informes de tasaciones de costas a lo que están obligados por ley.
Por ello decidió estudiar todas las vías de actuación para garantizar a los ciudadanos como consumidores su derecho a conocer los posibles efectos de acudir a los tribunales en defensa de sus derechos.
