Incendio de los químicos volcados, parte de una operación controlada tras el descarrilamiento de un tren en Ohio, Estados Unidos. Foto: Twitter (@realstewpeters)
¿Quién sería el responsable en España de un accidente con productos tóxicos como el ocurrido en Estados Unidos?
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17/2/2023 06:50
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Actualizado: 17/2/2023 09:38
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El descarrilamiento en el borde de East Palestine, entre Ohio y Pensilvania (EEUU), de un tren que contenía numerosos químicos tóxicos ha supuesto un desastre medioambiental cuyos efectos podrían tardar meses en determinarse por completo. Los compuestos incluían cloruro de vinilo, un cancerígeno, igual que el acrilato de etilhexilo, así como acrilato de butilo y éter monobutílico de etilenglicol, un disolvente.
Norfolk Southern, empresa encargada del tren descarrilado, informó que era necesario drenar el material de los vagones más comprometidos para evitar una explosión.
La operación produjo un incendio y una gigantesca nube negra que podía observarse a grandes distancias.
En España, la Ley del sector ferroviario, en el reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021) y en el Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, establece las obligaciones de los transportistas de mercancías peligrosas.
La Tabla A del RID 2021 incluye el cloruro de vinilo como mercancía peligrosa, así como las disposiciones de su transporte.
Si se incumplieran en territorio nacional español, el responsable incurriría en una infracción administrativa que puede aparejar una sanción, así como la indemnización de los daños causados sobre la infraestructura o los medios de transporte, indica Joaquín Lozano, abogado experto en derecho ambiental de Cuatrecasas.
«Se presume, salvo prueba en contrario, que la actividad de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo», aclara.
El incidente, provocado por un problema mecánico con el eje de un vagón según los investigadores federales, causó la evacuación durante el primer fin de semana de febrero de más de 1.500 residentes de la localidad en una operación de emergencia, como anunció el alcalde de Ohio, Trent Conaway, en rueda de prensa, para evitar una intoxicación masiva.
Los gobernadores de Ohio y Pensilvania determinaron el fin de la evacuación el 8 de febrero, luego de que las muestras de calidad del aire en la zona determinaran que los niveles de contaminación se encuentran «por debajo de los niveles preocupantes», aunque los investigadores independientes y de Norfolk Southern siguen evaluando los efectos a largo plazo a causa de los químicos en la tierra, el agua y el aire.
Lozano señala que, «por su parte, las autoridades competentes deben aplicar las medidas previstas en los planes especiales de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en sus planes estatales y autonómicos», conforme a la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo.
Estos planes especiales definen las mercancías peligrosas que los justifican, los mapas de flujos de los transportes afectados por los planes especiales, las actuaciones necesarias para proteger las personas, bienes y el medio ambiente en una emergencia, como la regulación del tráfico, sistemas de avisos, tareas de limpieza, entre otras, y la gestión de la misma, como enumera el abogado.
Los planes también especifica la información a recabar sobre estos accidentes, los mecanismo de coordinación entre el plan estatal y los planes autonómicos y las medidas para prestar una asistencia adecuada a personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de vulnerabilidad.
Daños al medioambiente y el rol de los abogados especializados
Los operadores en actividades de transporte de mercancías peligrosas también están sujetos a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que dispone medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales, además de la responsabilidad de sufragar los costes.
Entre estos casos se podría encontrar el de los más de 3.000 peces muertos en el río Ohio, según datos del Departamento de Recursos Naturales del estado, así como la enfermedad y muerte de varios animales de granja reportadas por residentes de poblados a mayor y menor distancia del accidente.
En este sentido, «los abogados de derecho ambiental pueden ayudar a identificar y cumplir con los requisitos exigidos por la normativa y, de este modo, reducir el riesgo de incumplimientos regulatorios», dice Lozano.
«El derecho ambiental se caracteriza por estar en constante desarrollo y actualización y, cada vez más, por tener un carácter transversal que afecta a todas las áreas de la empresa, desde el cumplimiento regulatorio, hasta la gobernanza de la misma, pasando por la fiscalidad y el acceso a la financiación», explica. «Todo ello exige un conocimiento muy especializado mediante el constante estudio y comprensión de la normativa comunitaria, estatal y autonómica».
El nivel técnico de la materia lleva a la colaboración habitual con asesores especializados. «Para maximizar estas sinergias es importante que ambas partes puedan “hablar el mismo idioma”, lo que exige al abogado ser capaz de entender y aplicar criterios eminentemente técnicos», dice Lozano.
También señala que ha observado una mayor demanda de información, transparente, homogénea y comparable, relacionada con el desempeño ambiental de las compañías, algo que apunta a la creciente importancia de la integración de la sostenibilidad en el desarrollo de la actividad económica.
«La optimización del cumplimiento del derecho ambiental en España pasa por superar el mero cumplimiento de exigencias normativas e incorporar una verdadera estrategia en materia de sostenibilidad, dotando a la compañía de unas políticas ambientales modernas y funcionales y de unos sistemas de cumplimiento normativo en toda su cadena de valor, dice, haciendo referencia al Reglamento de Taxonomía ambiental aprobado por la Unión Europea».
«Esto permitiría a la compañía mitigar el riesgo de futuros cambios regulatorios, mejorar su reputación y acceder a los mercados basados en las finanzas sostenibles», considera.
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