El Ministerio de Justicia es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del ámbito de las competencias que le confiere la ley, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico.
Desde 2021, su titular es Pilar Llop.
También está encargado de la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, así como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia; la cooperación jurídica internacional; los derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España y la asistencia jurídica del Estado.
Su titular ostenta además el cargo de Notario Mayor del Reino.
Esta institución fue creada en el año 1714 por orden de Felipe V, si bien en todo este tiempo ha tenido diversos nombres y competencias: «Secretaría de Estado y del Despacho de Negocios Eclesiásticos, Justicia y Jurisdicción», «Secretaría de Estado de Justicia, Gobierno Político y Hacienda» o «Ministerio de Gracia y Justicia».
La sede principal del Ministerio se mantiene en la misma ubicación desde 1851: El Palacio de la Marquesa de Sonora, en la calle San Bernardo de Madrid. Las diversas secretarías y delegaciones se reparten en diferentes sedes dentro de la capital. Existen además gerencias territoriales que coordinan la labor del ministerio en todas las provincias españolas.
La organización, estructura y competencias dentro del Ministerio de Justicia actual se establecen en el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
Maneja un presupuesto de 2.454 millones de euros conforme a los Presupuestos Generales del Estado 2023, de los cuales el principal gasto es el personal y los medios materiales, tecnológicos y financieros de la Administración de Justicia.
Estas son las personas que se encuentran al frente de los distintos departamentos dependientes del Ministerio de Justicia en el año 2023. Haz clic en sus nombres para ver su biografía:
Pilar Llop es la actual ministra de Justicia. Asumió el cargo en julio de 2021, recogiendo el testigo de su compañero Juan Carlos Campo. Previamente, en la misma legislatura, lo estuvo Dolores Delgado.
Nació en Madrid en 1973 y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Accedió a la Carrera Judicial por el turno libre en 1999 y ascendió a magistrada en 2004, especializándose en violencia de género.
Antes de ocupar el puesto de ministra, Llop ocupó la presidencia del Senado desde diciembre de 2019 hasta julio de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer en dicho puesto. Durante su presidencia, trabajó para fomentar la transparencia y la modernización de la institución y para promover la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista.
Previamente, fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género en España entre julio de 2018 y abril de 2019, cargo en el que lideró las políticas y medidas del Gobierno para combatir la violencia de género y proteger a las víctimas. También fue diputada en la Asamblea de Madrid en 2015.
Durante su mandato al frente del ministerio, Llop ha tenido que afrontar cuestiones como el impulso de la Ley de eficiencia en todas sus vertientes: organizativa (que modifica fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial), procesal (que reforma las cuatro leyes procesales de los diferentes órdenes jurisdiccionales) y digital (que plantea las medidas de apoyo para que los avances tecnológicos sean efectivos); la reforma concursal, para poner al día la trasposición de directivas comunitarias; la trasposición también de la ley de alertadores de corrupción; la reforma de los delitos de sedición y rebelión o la reforma de la LECrim.
También, desde el inicio de 2023, cuestiones referidas al personal dependiente del ministerio como la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia.
Tontxu Rodríguez Esquerdo fue nombrado Secretario de Estado de Justicia el 7 de diciembre de 2021 en sustitución de Pablo Zapatero Gaviria.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y ha desempeñado diversos cargos en el ámbito de la justicia y la política. Es desde 2013 senador del PSOE. En la Cámara Alta coincidió con la actual ministra de Justicia, donde ingresó como senadora en 2019 y meses más tarde se convirtió en presidenta, cargo que ocupó hasta julio de 2021 cuando fue nombrada ministra.
Tontxu Rodríguez es abogado desde 1987, colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Fue concejal en Barakaldo entre 1991 y 1999 y, posteriormente, alcalde de esta localidad entre 2003 y 2013. También fue director general de la empresa pública Azpiegitura S.A., dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya de 1995 a 1999.
Como senador autonómico ha sido portavoz de las comisiones de Justicia y de Reglamento y desde 2019, secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y portavoz adjunto.
En la formación socialista, ha sido con anterioridad secretario de políticas públicas de la Comisión Ejecutiva de Euskadi del PSE-EE y miembro del Comité Provincial y Comité Nacional del PSE.
De acuerdo a la ley, la Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro:
Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la Secretaría de Estado la participación en las relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales, las relaciones del Ministerio con el Defensor del Pueblo, así como las relaciones con el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
Asimismo, le corresponde a la Secretaría de Estado de Justicia el impulso y la iniciativa para la elaboración de los proyectos normativos sobre las materias de su competencia y aquellos otros encargados por el titular del departamento, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Subsecretaría y a la Secretaría General Técnica.
Ana Sánchez nació en Jaén en 1971. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, tiene un Máster en Gestión pública directiva por el INAP-EOI Escuela de negocios.
En 2000, Ana Sánchez ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Desde febrero de 2020 hasta su nombramiento como subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez fue directora de Gabinete del Secretario de Estado de Justicia.
Anteriormente, trabajó como subdirectora general de Cooperación Autonómica en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública entre 2018 y 2019. Además, entre 2012 y 2018, Sánchez fue vocal asesora en la unidad de apoyo de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, donde asumió las funciones de la unidad de Igualdad y la unidad de Transparencia.
También ha desempeñado el cargo de asesora del Secretario de Estado de Justicia desde 2007 hasta 2012 y trabajó como evaluadora en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios entre 2005 y 2007.
En cuanto a su experiencia docente, Ana Sánchez ha sido coordinadora de la asignatura «Gobernanza Multinivel. Las relaciones del Estado con las CCAA, EELL y la UE» en el Máster Universitario Administradores Civiles del Estado UIMP-INAP en 2019.
Desde su nombramiento como subsecretaria de Justicia en julio de 2021, Ana María Sánchez es responsable de la gestión y coordinación de los servicios y recursos del Ministerio de Justicia, así como de la supervisión y seguimiento de los programas y proyectos del Departamento en su conjunto.
La persona en el cargo de Subsecretaria de Justicia reporta directamente a la Ministra. Estas son sus funciones:
Consuelo Castro Rey es una jurista española. En 2018 fue nombrada a propuesta de Dolores Delgado como Abogada General del Estado en sustitución de Eugenio López Álvarez, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Como tal, es la máxima responsable de los servicios jurídicos del Estado, con la tarea de representar y defender los intereses del Estado en los tribunales, así como de asesorar jurídicamente a las distintas administraciones y órganos del Estado.
Nacida en Ourense en 1964, estudió derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1989.
Desde entonces, ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de la Abogacía del Estado. Ha ocupado diferentes cargos en la Administración, como el de Jefe del Servicio Jurídico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia. También ha sido responsable de la dirección jurídica en la negociación de acuerdos internacionales en diferentes ámbitos.
Además de su trayectoria profesional, Consuelo Castro Rey es autora de numerosas publicaciones especializadas en derecho administrativo y derecho internacional, y ha impartido clases en diversas universidades y escuelas de posgrado.
También es académica de número de la Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación y ostenta la Cruz distinguida de primera y segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
El puesto de la Abogacía General del Estado tiene rango de subsecreataría según el organigrama del ministerio. Reporta directamente a la Ministra de Justicia.
Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
Manuel Olmedo ingresó en la Carrera Judicial en el año 2003 y ha desempeñado diversos puestos en la judicatura y magistratura hasta ahora.
Accedió al cargo el 7 de diciembre de 2021, sustituyendo a Borja Vargues.
Nacido en Ávila en 1976, es Licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comercial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Entre 2009 y 2015 fue miembro de los Grupos de Trabajo para la Reforma del Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal (2010-2012), para la implementación del Plan de Transparencia y Acceso a la Información del CGPJ (2013-2015) y para la elaboración de los Principios de Ética Judicial (2013-2015).
Ha sido magistrado de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, destinado en los Juzgados de lo Penal de Móstoles y en diversas Secciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
También ha impartido docencia como profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Internacionalmente, ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la cooperación judicial penal tanto en el ámbito de la unión europea como con países terceros.
Es evaluador del Consejo de la Unión Europea en la 9ª Ronda de Evaluación Mutua sobre implementación y aplicación de los instrumentos de cooperación penal en los Estados Miembros de la Unión Europea en el ámbito de la privación o restricción de libertad.
También ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial responsable de la Selección de jueces, fiscales y magistrados en España y de la Especialización de Magistrados entre 2009 y 2015.
La figura de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia tiene el rango de subsecretaría. Ostenta la condición de Secretario General de la Administración de Justicia y como tal reporta directamente al Secretario de Justicia, Tontxu Rodríguez.
Adicionalmente, ejerce también la Presidencia del Consejo del Secretariado y, cuando corresponda, de la Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
De la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
Jacobo Fernández Álvarez es funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Fue nombrado Secretario General Técnico el 9 de noviembre de 2021.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU en Madrid, donde también obtuvo una especialización en Derecho Europeo en el año 2002. Además, posee un Diploma en European Business Studies otorgado por la Business School de Portobello College en Dublín, Irlanda en el mismo año.
Durante su trayectoria profesional, ha prestado servicios en diversos destinos de la Administración General del Estado, entre ellos en la Secretaría General de la Agencia Española de Protección de Datos y en el Área Jurídica de la S.G de Recursos Humanos del Ministerio de Fomento. También ha sido Consejero Técnico de la S.G de Régimen Jurídico Autonómico del MPTAP.
En la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, ha desempeñado los cargos de Subdirector General Adjunto y Director de la Unidad de Apoyo del SGT. En 2011 fue nombrado Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Justicia y desde 2014 hasta junio de 2021 ocupó el puesto de Subdirector General de Política Legislativa y Secretario General de la Comisión General de Codificación.
Jacobo Fernández Álvarez ha sido vocal de la Junta Consultiva de Seguros, de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, de la Comisión del Baremo de Autos y del Foro para la Mediación. En la actualidad, estaba prestando servicios en la Dirección del Servicio Jurídico de la AEAT.
Además, ha impartido clases en el IE y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Por su destacada trayectoria profesional, le fue concedida la Cruz distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2019.
La Secretaría General Técnica tiene el rango de Dirección General. Reporta a la Subsecretaría de Estado de Justicia. Corresponde a su titular la Vicepresidencia de la Comisión General de Codificación y la Secretaría General de la Subdirección General de Política Legislativa.
Dependen de la Secretaría General Técnica tres subdirecciones generales:
Este puesto ostenta la responsabilidad de varias áreas, incluyendo producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
Sobre producción normativa, se encarga de la elaboración de proyectos legislativos relacionados con temas penales, civiles, mercantiles y procesales, así como la transposición de directivas comunitarias y el cumplimiento de tratados internacionales. También es responsable de proponer y coordinar la ejecución del programa legislativo del departamento y su seguimiento en fase parlamentaria.
En cuanto a la asistencia jurídica, se encarga de preparar los asuntos que se presenten ante el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Además, es responsable de preparar propuestas de resolución de recursos administrativos, procedimientos de revisión de oficio y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
En el área de publicaciones, este puesto es responsable de proponer el programa editorial del departamento, así como de la edición y distribución de las publicaciones. También tiene a su cargo la organización y dirección de la biblioteca, el archivo general del ministerio y el servicio de documentación.
Aitor Cubo Contreras es Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid y Psicología. Ingresó en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado en 2006.
Tras su incorporación desempeñó diferentes roles en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, incluyendo Jefe de proyecto, Jefe de Área de Sistemas, Jefe de Coordinación Informática y Director de la División de Sistemas de Información.
Posteriormente, ocupó diferentes cargos en el Ministerio de Hacienda, como la Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano entre 2014 y 2019, y la Subdirección General de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica entre 2012 y 2014.
Desde febrero de 2019 hasta su nombramiento actual, ha ejercido como especialista en Gobierno y transformación digital en la División de Innovación de Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo.
Su labor al frente de la dirección general le valió el reconocimiento en los Premios Confilegal en el año 2022, reconociendo su trabajo de modernización con la interoperabilidad de sistemas de gestión procesal y la cogobernanza.
Aitor Cubo tiene rango de director general dentro del ministerio. Reporta directamente a Manuel Olmedo, Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
De la dirección general de Transformación Digital de la Administración de Justicia dependen dos órganos:
Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
Maria dels Àngels García Vidal es magistrada. Accedió al cargo de directora general en agosto de 2021 en sustitución de Concepción López-Yuste.
García Vidal, nacida en 1966 en Simat de la Valldigna (Valencia), ingresó en la Carrera Judicial en 2011, destinada como magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona y del Juzgado de lo Penal Número 2 de Castellón, con competencias en violencia de género.
También ejerció como abogada y como secretaria judicial en distintos juzgados y fue abogada-fiscal sustituta en las Fiscalías de Castellón (2000-2004) y de Valencia (2004-2010).
Fue directora general de Justicia de la Generalitat Valenciana desde 2015 hasta 2017, cuando presentó su dimisión del cargo a Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas del gobierno de la Generalidad Valenciana que preside Ximo Puig.
Es licenciada en Derecho y en Criminología por la Universidad de Valencia, donde también cursó estudios de doctorado y obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración.
También ha sido profesora asociada en la Universidad de Valencia y ha participado como ponente en cursos y jornadas en materia de violencia de género.
Maria dels Àngels Garcia tiene rango de directora general. Depende jerárquicamente de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia dirigida por Manuel Olmedo.
Como titular de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia le compete también la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Justicia.
Entre sus funciones están las de las relaciones ordinarias con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, así como con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en aquellas materias que afecten a la Administración de Justicia.
También de la dotación a los distintos órganos judiciales de los medios precisos para el desempeño de sus funciones, así como el ejercicio de competencias sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Además, le corresponde la autorización de las nóminas de los miembros de la carrera judicial y fiscal, de los Letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional, del personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y del personal al servicio de la Administración de Justicia que no haya sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas.
A su vez, de esta dirección general para el Servicio Público de Justicia dependen los siguientes órganos:
Sofía Puente Santiago accedió a la dirección general en enero de 2020 en sustitución del notario Pedro José Garrido Chamorro.
Natural de Valladolid, cursó la licenciatura de Derecho en esa misma ciudad, y en 1996 Sofía inició su carrera en la Fiscalía, comenzando en la ciudad de Cádiz. Posteriormente, se trasladó a Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid.
Fue nombrada vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018. También ha sido Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer.
Entre 2010 y 2012, Sofía ocupó el cargo de Directora del Centro de Estudios Jurídicos.
Esta es la nueva denominación para la antigua Dirección General de los Registros y el Notariado. Depende jerárquicamente de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia dirigida por Manuel Olmedo.
Entre sus funciones se encuentran:
A su vez, de la dirección general liderada por Sofía Puente dependen los siguientes órganos:
Elsa García-Maltrás es Fiscal. Fue nombrada en noviembre de 2021 en sustitución de Ana Gallego Torres.
García-Maltrás, nacida en Madrid en 1970, ingresó en la carrera fiscal en 1999. Desde entonces ha atesorado una amplia experiencia internacional.
Ha trabajado en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea y ha sido coordinadora judicial del programa de intercambio para jueces y fiscales en la Red Europea de Formación Judicial.
Con anterioridad, desempeñó el puesto de fiscal asesora en la propia Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional que ahora dirigirá.
García-Maltrás ha representado a España en la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ) y ha contribuido como experta a los trabajos del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), entre otras funciones.
Además, ha participado en la elaboración y negociación de propuestas legislativas e instrumentos internacionales en el ámbito de la Unión Europea, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.
Esta dirección general depende directamente de la Secretaría de Estado de Justicia, cuyo titular es Tontxu Rodríguez.
Entre sus funciones están la gestión de la participación del Ministerio de Justicia en los organismos internacionales y de la Unión Europea, en relación con las competencias del Departamento, tanto a nivel interno como internacional, asistiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando sea necesario, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia.
A su vez, de esta dirección general dependen los siguientes órganos:
Abigail Fernández es Letrada de la Administración de Justicia. Fue nombrada directora del CEJ en febrero de 2020.
Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna en 2000, Abigail inició su carrera en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia) en 2004, donde ejerció como Letrada de la Administración de Justicia hasta 2006. Posteriormente, trabajó en los Juzgados Sociales de Barcelona entre 2006 y 2020. Desde 2021 ocupa el puesto titular en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Barcelona.
Ha desempeñado un papel importante como miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) desde 2008 y como portavoz de esta organización entre 2016 y 2020.
Abigail posee también un Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid.
El CEJ es un organismo autónomo dentro del Ministerio, adscrito al mismo a través de la secretaría de Estado de Justicia, encabezada por Tontxu Rodríguez.
Su función principal es la de impartir formación a las personas integrantes de la Carrera Fiscal, el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia. Asimismo, también es competente en la formación continuada del Cuerpo de Abogados del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la función de Policía Judicial.
La directora del CEJ cuenta con dos asesores, un Fiscal para la formación relativa a esta materia, y una Letrada de la Administración de Justicia para este grupo profesional.
Existen además una jefatura de estudios, su adjunta, y una secretaría general que dependen jerárquicamente de la dirección.
Luis Ignacio Sánchez Guiu es Letrado de la Administración de Justicia, y desde julio de 2020 es gerente de MUGEJU. Entró en sustitución de Concepción Saez Rodríguez.
Ocupaba el cargo de Secretario del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo hasta su nombramiento en la mutualidad.
Natural de Huesca, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza y posteriormente ingresó al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Ha sido asesor en la Consejería de Justicia del gobierno vasco. También ocupó el puesto de Letrado del Consejo General del Poder Judicial y en 2002 fue nombrado Secretario del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Fue nombrado Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, puesto que ocupó entre 2009 y 2012.
MUGEJU es un organismo autónomo dentro del Ministerio, adscrito al mismo a través de la secretaría de Estado de Justicia, encabezada por Tontxu Rodríguez.
Se encarga de dirigir la mutualidad en su prestación de servicios alternativos a los realizados por la Seguridad Social en cuanto a protección sanitaria, económica y social al conjunto de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Esto incluye prestaciones como:
Por debajo de la gerencia existen delegaciones provinciales, que tienen capacidad ejecutiva y funcionan como enlace con los servicios centrales. Existen también una comisión rectora y un consejo general como órganos que participan en el control y vigilancia de la gestión.