Una juez de Madrid ha imputado al teniente general Pedro Vázquez Jarava, en la actualidad en la reserva, por supuestas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil, cuando se encontraba al frente en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, según ha adelantado ‘El Periódico de España’ y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, la juez investiga desde finales de 2021 a Vázquez Jarava y otro alto mando de la Guardia Civil, además de a dos empresas presuntamente implicadas en dichas obras.
Se indaga en si habrían logrado unas adjudicaciones irregulares para el reacondicionamiento de los cuarteles e inflado facturas de los trabajos, entre otras cuestiones.
Una de las empresas implicadas pertenece a Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, quien está vinculado a la trama del ‘caso Mediador’. El empresario es, además, amigo de Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil y que es el único imputado en la trama de extorsión que está en prisión provisional.
Según el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y finales de 2017, Carlos Alonso, Vázquez Jarava le pidió contratar a dicha empresa para obras «en numerosos acuartelamientos de la provincia».
Así lo declaró Alonso ante la división de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que fue la que realizó la investigación.
13 COMANDANCIAS
La investigación procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil, que luego fueron remitidas a los tribunales de Madrid.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) este viernes, aquellas diligencias fueron abiertas por denuncias que advertían de «una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos», que se habrían hinchado y algunos pagados sin ejecutar.
El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario canario, responsable de las empresas Angrasurcor S.L. y Solocorcho S.L. -alias ‘Mon’-, y a un colaborador de éste.
Tras estudiar el asunto, el juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid.
Según la declaración del teniente coronel, la contratación de las empresas canarias «vino determinada» por el teniente coronel que estaba entonces al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, Vázquez Jarava, lo que «inició una nueva investigación que reveló que en 13 comandancias (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo) las empresas canarias «habrían llevado a cabo» trabajos «incrementando la facturación e ingresos».
Por tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones. Uno de los investigados recurrió dicho auto primero ante el juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila, solicitando el archivo de la causa.
El juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque «la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid». Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.
