El año pasado se registró la cifra histórica más alta de agresiones contra médicos en España, según un nuevo estudio publicado por la Organización Médica Colegial, con 843 acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos, más de 200 más que el año anterior.
Un pediatra que ha preferido mantenerse en el anonimato relata su caso, de cuyo juicio salió con el apoyo del área jurídica del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM): «Diagnostiqué a una niña que acudió al centro de salud por una urgencia. La derivé al hospital y su madre la llevó con tranquilidad. Para mi sorpresa, media hora más tarde apareció su padre exigiéndome darle, de nuevo, el informe de su hija, a lo que respondí que ya lo tenía su madre. Entonces comenzó a grabarme y lo impedí con la palma de mi mano, pidiéndole que no lo hiciera. Me respondió con un puñetazo en el ojo».
El hecho causó un desprendimiento de vítreo de su ojo izquierdo y una herida encima de la ceja izquierda que requirieron de tratamiento médico y tardaron 15 días en curarse, de los que 7 estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.
El fallo del jurado condena al autor de la agresión con una multa de seis meses a razón de seis euros y a indemnizar al facultativo con 1100 euros por las lesiones y 750 por las secuelas, incluyendo una marca.
En esta, como en varias situaciones parecidas, el colegio interpone una denuncia ante la Comisaría de Policía o el juzgado de guardia o bien tramita la denuncia por vía colegial conforme al protocolo firmado con la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que contempla que los médicos que ejerzan su profesión en la Administración pública o en entidades colaboradoras gozarán de la protección jurídica de los funcionarios públicos, con lo que se imputará a los agresores con un delito de atentado.
Cristóbal Zarco, letrado del Consejo de Médicos y responsable del tratamiento de agresiones a médicos colegiados en Madrid, señala que esta consideración se mantiene independientemente de que concurran todos los elementos que configuran el atentado, como el conocimiento de la condición de funcionario del agredido de parte del agresor y el acometimiento grave.
«Otra de las ventajas principales del protocolo es que los médicos colegiados pueden interponer las denuncias por medio del Colegio, sin tener que ir a comisaría a la Guardia Civil ni al juzgado, sino que autoriza al ICOMEM a que realicen los procedimientos apropiados frente a la Fiscalía
Apoyo a los colegiados
El aumento de casos de agresiones se debe, al menos en parte, a la menor cantidad de visitas presenciales que caracterizó el contexto de la pandemia, como puede observarse en las que registró el colegio: 43 en el 2020, 59 en el 2021 y 67 en el 2022.
Zarco calcula que los casos ganados por el colegio representan más del 90 % de los que han llevado a juicio por agresiones por parte de pacientes o sus acompañantes, con las mínimas excepciones representando las raras ocasiones en las que no se localizaba al acusado, no se acreditan las pruebas de los hechos o que vencieron los plazos para presentar denuncias.
«El colegio no solo apoya en el combate jurídico, también ofrece un abordaje integral que incluye asesoría y formación a los colegiados, así como asistencia psicológica y terapia con el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME), con el que los médicos envueltos en esta lamentable situación pasan a ser pacientes», afirma.
También destaca las comunicaciones disuasorias que existen en los hospitales públicos, en los que recuerdan la consideración de funcionarios de los médicos y las penalizaciones.
Sin embargo, recomienda a los médicos que se encuentren en esta situación que denuncien para que quede constancia de los hechos, independientemente de los resultados que puedan surgir. «Hay que entender que hay personal que tienen motivos legítimos para no interponer una denuncia», indica Zarco. «Un 75 % de los médicos agredidos no denuncian», dice. «Parece que asumen las faltas de respeto y de consideración como parte del ejercicio profesional».
