Mientras la sanidad pública afronta la negociación del Estatuto Marco y la convocatoria de huelga, la sanidad privada también libra su batalla para mejorar las condiciones contractuales de los facultativos.
En este caso, la Unión Profesional de Médicos del Ejercicio Libre (UNIPROMEL) ha advertido que si las compañías aseguradoras y los grandes grupos hospitalarios siguen imponiendo unilateralmente los honorarios (es decir, el dinero que perciben los facultativos por sus servicios) comenzaran una ofensiva judicial.
El contrato de adhesión, la «excusa» para imponer unilateralmente los honorarios
Según la tesis que maneja la asociación, los honorarios actuales no son fruto de un acuerdo de voluntades, sino que funcionan como contratos de adhesión.
Sin embargo, tal y como reclaman en la asociación, debería ser el médico quien debe fijar sus honorarios siempre bajo el paraguas de unos criterios objetivos, dejando que la aseguradora cubra la parte pactada y que el paciente asuma la diferencia por la vía del reembolso o copago.
La estrategia legal pretende que los tribunales declaren la nulidad de las cláusulas de baremo siempre que se acredite la ausencia de una negociación previa. El objetivo es que el facultativo recupere la capacidad de fijar sus honorarios bajo criterios profesionales objetivos, permitiendo que la aseguradora sufrague la parte pactada en la póliza y que el paciente complete el resto mediante sistemas de copago o reembolso.
Un sindicato propio y una patronal para liderar la negociación
Pero antes la ofensiva judicial, UNIPROMEL apuesta por la negociación. Por ello, ha diseñado una hoja de ruta que da de margen este verano para que se cumplan sus expectativas.
El sindicato iniciará una petición forma de apertura de negociación por los honorarios, sentando en la misma mesa a entidades aseguradoras, hospitales y el sindicato propio para los médicos, creado exclusivamente para esta misión. El siguiente paso sería pasar a la mediación obligatoria para intentar y acreditar el acuerdo extrajudicial.
Y en caso de que no salga tal y como se pretende, se tomaran las respectivas medidas, es decir, la interposición de la demanda.
El objetivo final es elevar estos casos hasta el Tribunal Supremo para consolidar una jurisprudencia que proteja a los profesionales frente a la imposición de tarifas.
