El Consejo General de la Abogacía Española ha secundado las exigencias de los abogados del turno de oficio mediante una propuesta de un «pacto para mejorar la justicia gratuita», cuya adopción e impulso por parte de las Administraciones públicas, instituciones y formaciones políticas califica como «necesario».
El órgano representativo hizo mención de la «difícil situación» del sistema judicial español, agravada por las consecuencias de la pandemia y la «crónica desatención dispensada por los poderes públicos», como causa del «deterioro de las condiciones» del colectivo de abogados que ejercen en el turno de oficio, motivo por el que propone una lista de diez «ejes esenciales» alrededor de los cuales debería gestionarse un acuerdo para revertir el desgaste de la posición de este grupo. Estos son:
- Establecer instrumentos de dignificación, accesibilidad y transparencia para proteger a los profesionales y a los ciudadanos en las actuaciones judiciales.
- Retribuciones dignas por los servicios de turno de oficio y su actualización conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).
- Reconocer todas las actuaciones en el turno para su compensación económica.
- Promover los acuerdos extrajudiciales en detrimento de la litigiosidad al regular la justicia gratuita.
- Garantizar que las actuaciones asumidas por imperativo legal o judicial a través del turno de oficio serán compensadas económicamente de forma acorde.
- Establecer el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, sustituyendo el Indicador Público de Renta en Efectos Múltiples (IPREM), para garantizar el acceso al sistema.
- Garantizar la equiparabilidad de los criterios de las Comisiones de la Administración que conceden el beneficio de justicia gratuita, evitando disparidades y contradicciones.
- Modernizar la Justicia al implantar los medios telemáticos a nivel policial y judicial en todas las jurisdicciones e instancias.
- Crear turnos de oficios especializados en protección internacional en los territorios en los que se contabiliza un mayor número de solicitudes, como lo serían zonas de llegadas marítimas, aeropuertos internacionales y CIES, y promover la formación gratuita y obligatoria para acceder a los turnos de oficio de extranjería y protección internacional.
- Reducir las cargas burocráticas que enfrentan los profesionales de la abogacía y las organizaciones colegiales para justificar las actuaciones derivadas del turno de oficio y justicia gratuita, así como exigir la corresponsabilidad a las Administraciones territoriales y órganos judiciales en su gestión.
El CGAE cuenta los colegios de abogacía y los Consejos Autonómicos como otros cuerpos preocupados por «la situación que afrontan día a día los profesionales del turno de oficio y justicia gratuita» y que apoyan las susodichas reivindicaciones de este colectivo y otras. También anuncia que estas cuestiones se abordarán en el XIII Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebrará entre el 3 y el 5 de mayo en Tarragona.
«Instamos a las Administraciones públicas con competencia en materia de justicia, al resto de instituciones y a los partidos políticos a trabajar para alcanzar un pacto», reza el comunicado, apuntando a las «necesidades del servicio público» que ofrecen los letrados del turno de oficio.
