Ruth Sánchez, socia del área de patentes del despacho Elzaburu, ha señalado la entrada en vigor en junio del 2023 de la llamada patente unitaria como el próximo paso en la evolución de la propiedad intelectual e industrial y «el mayor cambio en la defensa de las creaciones» en décadas.
Esta nueva modalidad representa la oportunidad para los titulares de patentes de ir más allá de la clásica, por la que todavía tienen que validar cada patente individualmente en el número de países donde lo vean conveniente dentro del espacio comunitario, como explicó durante la presentación de los resultados del despacho y la .
«Ahora tendrán la opción de solicitar que tengan este mismo en efecto en los países que suscriban el acuerdo, de los cuales 17 lo han ratificado y 7 están a la espera de hacerlo», afirma Sánchez, que destaca su formación en ingeniería como un complemento para asesorar a los clientes de Elzaburu respecto a las «sutilezas técnicas» de estos asuntos.
Sin embargo, la socia destaca que obtener una patente unitaria puede ser «más o menos conveniente» dependiendo de las necesidades y capacidades del titular o de su empresa, motivo por el que destaca la naturaleza opcional de esta herramienta. En este sentido, vale la pena para los interesados que revisen los detalles de las diferentes jurisdicciones, en las que se intervendrán tribunales en materia de patentes unitarias y clásicas, incluyendo un Tribunal Unificado de Patentes.
Por eso se establecerá un periodo transitorio durante el cual las personas que hayan registrado sus propiedades intelectuales e industriales bajo la patente unitaria podrán salir de este convenio para quedarse dentro de la jurisdicción nacional mediante un procedimiento denominado ‘opt-out’, es decir, dejar de participar. «Cada empresa debe tomar una decisión», indica Sánchez, añadiendo que «algunas tendrán reticencias debido a los posibles aumentos de las tasas que estarían obligadas a pagar o por temas lingüísticos».
Otra desventaja, como apunta el socio del área legal Carlos Morán, es la capacidad del Tribunal Unificado de Patentes de anular cualquier patente unitaria en todos los países suscritos a esta modalidad. «El ‘opt-out’ evita esta situación, ya que los interesados en quitar una patente clásica tendrían que hacerlo país por país», dice. Así, las pymes serían algunas de las que podrían no preferir esta modalidad.
Avances en la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad
Por otro lado, Fernando Ilardia, socio del área de marcas de Elzaburu, comentó la simplificación de las acciones de nulidad y caducidad de marcas gracias a la entrada en vigor de las disposiciones legales que atribuían a la Oficina Española de Patentes y Marcas, conociéndose antes en el orden jurisdiccional. Este proceso de desjudicialización, asegura, hace que los procedimientos sean «más fáciles y menos costosos».
De esta manera, existirán menos obstáculos para llevar a cabo estos procedimientos, incluyendo la corrección de registros incompletos o inconvenientes de marcas, algo que «contenta a los abogados de marca y a los litigantes». «Las acciones de caducidad y nulidad podrán volverse estrategias para negociar una vez que se abren», apunta».
Como dato de interés que señaló Morán, la sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid pasará a ocuparse de los recursos de apelación frente a resoluciones dictadas por juzgados de lo mercantil en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial, competencia desleal, publicidad y defensa de la competencia. Asuntos de los que solía encargarse la sección 28 que se queda con otros de naturaleza mercantil.
«España ha tardado en trasponer la directiva europea [del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015], pero ha sido para hacerlo bien, y ahora nos estamos alineando con el resto de los países en esta materia», declara.
