El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso presentado por el PP contra la Ley de Memoria Democrática tal y como hizo también el pasado mes de febrero con la impugnación de Vox a esta misma norma.
El recurso alega que la Ley de Memoria Democrática podría ser contraria al artículo 1.1 de la Constitución, conforme al cual «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
El Partido Popular entiende que la norma infringe derechos fundamentales como las libertades ideológica, de expresión, enseñanza y creación literaria y científica, así como el orden constitucional de distribución de competencias, la reserva de ley orgánica y la autonomía municipal.
Vox también recurrió al considerar que esta ley supone «exaltar las memoria de unos españoles y despreciar la memoria de otros», con lo que -a su juicio- «se pretende dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil».
Fue el pasado 5 de octubre cuando el Pleno del Senado aprobó definitivamente el proyecto de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV.
Aquel día, la Cámara Alta rechazó los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no aceptó ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso.
Esta ley supone una profundización en la Ley de Memoria Democrática de 2007. Aprobada en Consejo de Ministros en 2021, fue tomada en consideración por el Congreso ese mismo año. Poco después, sin embargo, se metió en la ‘nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante por el rechazo inicial de ERC.
