Los diputados Miguel Ángel González (PSOE), Luis Santamaría (PP), Eduardo Luis Ruiz (Vox) y Genis Boadella (Grupo Plural) expresaron las posturas de sus respectivos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre la posible especialización judicial en materia de familia, infancia y capacidad. Coincidieron respecto a la necesidad de esta actualización de los juzgados, pero casi todos señalaron los potenciales puntos débiles de su implementación.
Esta especialización a través del Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia fue uno de los puntos que más discusión suscitó en la jornada titulada «Especialización judicial como respuesta a los retos del moderno Derecho de Familia», llevada a cabo en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), cuya última mesa redonda sirvió para que los diputados pusieran en relieve sus opiniones y reservas sobre esta modificación.
«La presente enmienda respalda una demanda razonable y justa», según Boadella, que destacó la voluntad de su grupo de «llevar hasta el final el reconocimiento a la especialización de los juzgados de Infancia, Familia y Capacidad», aunque criticó que ciertas decisiones legislativas dependieran «del Ministerio de Justicia de turno».
Una de las consideraciones prioritarias, dijo, es la de la acreditación de la formación en el ámbito por parte de los jueces responsables. Con las tres susodichas materias de especialización, «es necesario que los titulares [de los juzgados encargados] tengan conocimientos suficientes sobre las leyes relevantes», indicó.
Ruiz reconoció el «auténtico problema» que representan las ejecuciones de las sentencias en esta materia, que se vuelven «procedimientos interminables», aunque puso en relieve que Vox no había propuesto enmiendas porque el Proyecto de Ley contenía, en su opinión, «elementos lesivos». «Su objetivo es reducir costas, el Gobierno cree que gasta demasiado en Justicia», criticó.
“Para Vox, como partido que defiende la perspectiva de familia como elemento nuclear de toda legislación, la especialización de las órganos judiciales de infancia, familia y capacidad nos parece importantísima”, dijo. Sin embargo, puso en relieve los aparentes problemas que podrían el hecho de «ampliar competencias sin ampliar el personal», generando un posible aumento del retraso de la Justicia.
Santamaría también se mostró «a favor de la especialización de los juzgados», especialmente dado que «los juzgados de primera instancia ya tienen bastante sobre la mesa», pero advirtió de que una implementación descuidada llevaría a un aumento desproporcionado del tiempo de traslado de abogados y ciudadanos, especialmente víctimas de violencia de género, así como que los letrados podrían no poder actuar por no estar colegiados en la ubicación de estos juzgados.
Así, exigió «medidas digitales para ahorrar desplazamientos» y «nuevas oficinas y tribunales a distancia». Además, emplazó la aprobación de la ley a final de las movilizaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia, asegurando que el Grupo Popular «no [votará] a favor de la ley mientras estén en huelga».
Por su lado, el representante socialista dijo que desde su grupo tienen «esperanza de conseguir que salgan adelante estas medidas que posibilitan tanto la especialización como mejoran el acceso a la justicia a las personas con discapacidad” y contradijo a Ruiz: «Nuestra prioridad no es ahorrar costas».
Respecto a las enmiendas, dijo que habían aprovechado «las novedades de técnicas legislativas» para mejorar el texto. «Hemos clarificado y avanzado en competencias», aclaró, asegurando que se proponía «la especialización de manera transversal».
