El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy, por unanimidad, llevar una propuesta de revisión y actualización de los salarios que perciben los jueces a la reunión de la Mesa de Retribuciones convocada por el Ministerio de Justicia para el próximo 3 de mayo, alineándose de esta forma con las asociaciones judiciales APM (la mayoritaria en la Carrera), AJFV y FJI, que han anunciado que convocarán huelga si no hay acuerdo.
«Es necesario revisar y actualizar las retribuciones adecuándolas a los principios, cuantitativos y cualitativos, recogidos en la Ley 15/2003 de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)», destaca el comunicado difundido por el CGPJ, que ha contado con el apoyo de los 17 vocales que lo componen actualmente, esta vez, sin división entre los bloques conservador (10) y progresista (7).
El órgano de gobierno de los jueces explica que «el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial establecido en el artículo 403 de la LOPJ, constituye un elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional», así como «a la realización de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos».
Los vocales subrayan que «el Poder Judicial desempeña un papel esencial», de ahí que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya sentenciado que «los estados miembros tienen el deber» de «garantizar la independencia de los miembros de los poderes judiciales nacionales, también en su dimensión económica».
«A juicio del Tribunal de Justicia, ‘el hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial'», destacan, citando un fallo del 27 de febrero de 2018.
En este sentido, el CGPJ señala que, dado que «el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye un elemento configurador de su independencia económica, se impone «no solo su regulación mediante una ley especial, sino una especial atención en el tratamiento de esta materia, en consonancia con su posición institucional y severo régimen de incompatibilidades».
Y apunta que «el espacio institucional adecuado para hacer reales y efectivas esas propuestas es la ya convocada Mesa de Retribuciones», por lo que designa a los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya para que participen en sus reuniones llevando la propuesta del CGPJ para la «revisión y actualización» del sistema retributivo de modo que «reconozca adecuadamente la responsabilidad y dedicación de jueces y magistrados».
Cabe recordar que dicha mesa está expresamente contemplada en la ley «al objeto de facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal». Debe reunirse cada cinco años, con representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, del CGPJ, Fiscalía y asociaciones profesionales.
JUECES Y FISCALES AMENAZAN CON IR A LA HUELGA
Este asunto se incluyó en el orden del día de este Pleno ordinario del CGPJ a petición de ocho vocales del ala conservadora después de que el pasado lunes esas tres asociaciones judiciales y dos de fiscales -la AF y APIF- anunciaran en un comunicado conjunto que irían a la huelga a partir del 16 de mayo ante la «falta de propuestas concretas» y de un «verdadero propósito de negociar» por parte de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
Las otras dos asociaciones de jueces y fiscales, las progresistas JJpD y UPF, también firmaron el comunicado por compartir el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar «oportuno» esperar a la reunión del 3 de mayo y sus resultados.
En el comunicado, las asociaciones reprocharon al departamento que dirige Pilar Llop la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril. Y pusieron el foco, además, en «la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo».
«Todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos», dijeron.
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en lo que va de 2023. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) estuvieron dos meses de parón hasta que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Resuelto dicho conflicto laboral, se abrió un nuevo frente y los funcionarios de Justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr una mejora salarial «en línea» con la de los LAJ.
