La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han convocado una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del próximo 16 de mayo en reivindicación de mejoras salariales en ambas Carreras.
Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, «compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal)», estiman oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el 3 de mayo, «sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado».
Todas las asociaciones judiciales y fiscales manifiestan su «firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas». Y ello «desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora», apuntan.
No permitirán, sin embargo, según sostienen, «que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones – también retributivas – adecuadas».
En su comunicado, las asociaciones judiciales y fiscales destacan que llevan años «preocupadas» y denunciando la «falta de dotación suficiente» del servicio público que constituye la administración de Justicia.
«Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes, en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.», exponen.
En el escrito recuerdan que tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las asociaciones judiciales) y 4 de abril (las asociaciones fiscales), anunciaron su intención de elaborar un calendario de medidas de presión.
«Tomamos aquella decisión ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes. Hay que recordar que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente», relatan.
Recuerdan que esta desconvocatoria había venido precedida de numerosas reuniones preparatorias en las que las asociaciones, «siempre de buena fe», buscaron «construir consensos» con el Ministerio de Justicia, que ya en el mes de marzo de 2022 se había comprometido a convocar la Mesa para el mes de octubre de ese año.
Apuntan que la misma «paciencia y sentido de responsabilidad» que las asociaciones habían demostrado durante todo ese periodo, la observan tras la desconvocatoria, ante la que reaccionaron interponiendo una demanda para obligar al Ministerio a cumplir la ley. Y en dos ocasiones, al menos, durante este año 2023, reclamaron al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa, «sin obtener respuesta».
Finalmente, durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), el Ministerio las convocó para las citadas reuniones del 31 de marzo y el 4 de abril, en las que «no se produjo avance significativo alguno», más allá del compromiso de que la Mesa se convocaría antes del 10 de mayo.
Constatan, por lo tanto la «falta de propuestas concretas» en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril; así como la «nula garantía» que supone la convocatoria de la Mesa para el 3 de mayo, dado que, como la experiencia les ha enseñado, se puede desconvocar en cualquier momento. «Incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental», apostillan.
También han comprobado que la actitud «prudente, callada y responsable» que han mantenido hasta ahora, desde hace más de un año, no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se les haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa; y que todo lo anterior se produce en un contexto de «sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».
