El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por haber promovido la contratación de una cuñada de la concejal y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha pedido la revisión de la condena de 5 años y 3 meses de prisión, impuesta por la Audiencia Provincial, y confirmada por el Tribunal Supremo.
El escrito remitido del letrado de Francisco Javier G.O. al tribunal provincial hace referencia a la nueva redacción del tipo penal, en virtud de la Ley Orgánica 14/2022 que modificó el delito de malversación de dinero público y otros para solicitar que se reduzca la pena conforme a la aplicación de este cambio.
El exfuncionario fue condenado por prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por haber intervenido en una contrata municipal en una concesionaria del Ayuntamiento a favor una familiar de Silva, por lo que cobró unos 108.000 euros, atribuidos a trabajos que no realizó.
La representación procesal también admite que la sentencia no se puede revisar si la ejecución de la pena está suspendida, como decidió la Audiencia Provincial hace un año mientras se tramitaba la petición de indulto presentada por el condenado.
El tribunal dictó un auto el pasado 11 de abril en el que daba un plazo de 5 días al condenado para entrar en prisión, dado que su solicitud de indulto debía considerarse desestimada al haber pasado un año. La defensa recurrió este auto alegando que, así como no se había recibido respuesta por parte del Ministerio de Justicia, tampoco se había emitido una resolución que denegara la solicitud.
La petición de la medida de gracia estuvo rodeada de polémica por incluir entre sus argumentos las afiliaciones del exfuncionario a UGT, al PSOE y a varios colectivos que reciben subvención desde el Ayuntamiento de Vigo.
