La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid ha ordenado la retirada inmediata de los elementos que hasta ahora se han observado obstaculizando e impidiendo la entrada en las secretarías de los juzgados, conocidas hasta ahora como «barreras Covid» por haberse dispuesto durante la pandemia del coronavirus.
Entre los impedimentos al acceso a los órganos judiciales, la Comunidad de Madrid enumeró el «mobiliario» y «carteles que prohíben el paso» como medidas que «en ningún momento [estaban] justificadas», a partir de fotos que han recibido y las visitas que se han realizado a estos centros, recordando en un comunicado que «la Organización Mundial de la Salud determinó hace unas semanas el fin de la pandemia.
La decisión llega casi un año después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, reconociera que no existía amparo normativo o reglamentario para que siguiera limitándose la entrada a los abogados y procuradores en ciertas dependencias de los órganos judiciales, como señaló en un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno y remitido el pasado julio a José María Alonso, entonces decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Esta restricción «ni se contemplaba en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ni figura ya tampoco en la Tercera Actualización de la Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional aprobada por Acuerdo de 12 de agosto de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, al haberse suprimido la mención a ‘profesionales’ en el apartado VIII-4», según el texto del acuerdo.
El ICAM y los procuradores valoran positivamente la noticia
Desde el ICAM han celebrado la decisión de la Comunidad de Madrid, aunque anuncian que el colegio «continuará alerta comprobando la situación de las sedes judiciales madrileñas para verificar la efectiva retirada de todos los obstáculos que dificultan el ejercicio de la abogacía y el derecho de los ciudadanos a acceder a los juzgados».
Así, el ICAM se compromete a realizar «un seguimiento diario sobre la retirada de los obstáculos en las sedes judiciales y denunciará públicamente cada barrera que permanezca después de la orden de la Comunidad de Madrid» a través de su departamento de Defensa de la Abogacía.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha calificado de «acertadísimo» el parecer de la Comunidad de Madrid de retirar «cualquier obstáculo (muebles, timbres, carteles) que impidan el acceso a los juzgados».
También el Colegio de Procuradores de Madrid se ha pronunciado a favor de la medida, agradeciendo a la consejería de Justicia «por atender las quejas del [ICAM, del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores] y ordenar la retirada de los elementos que obstaculizan o impiden la entrada a las secretarías de los juzgados», prometiendo también realizar un seguimiento de su cumplimiento.
