La mayoría del Consejo Fiscal avisa al Gobierno de que la elección de Delgado para Memoria Democrática fue nula
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12/6/2023 13:30
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Actualizado: 12/6/2023 13:31
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La Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la Carrera Fiscal- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han dirigido hoy al Gobierno a través de sendos escritos donde le advierten de que la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue nula, porque no cumplió el trámite legal.
La AF ha enviado directamente una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que la insta a no trasladar al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de Delgado o, en caso de haberlo hecho ya, transmitir también al Ejecutivo esta información «a fin de que no acuerde el citado nombramiento, por concurrir causa de nulidad de pleno derecho».
Además, advierte de que, si finalmente el Gobierno decide seguir adelante con el nombramiento de Delgado, la resolución del Consejo de Ministros puede ser impugnada, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes.
Por su parte, la APIF ha dirigido un escrito al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para advertirle, en su calidad de secretario del Consejo de Ministros, de «la mencionada incidencia en el Consejo Fiscal». «Sin duda alguna, determinará la existencia de litigación jurisdiccional tanto sobre la nulidad o no de la propuesta, así como -tal vez- de otro tipo de responsabilidades», apunta.
La AF explica, en un argumento que recoge también APIF, que la propuesta de nombramiento de Delgado no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal, y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron «por causa justificada».
Esa «causa justificada», aduce AF, es que sus seis vocales y el de la APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno al entender que, «una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales».
Sin embargo, el Pleno se celebró el pasado jueves y esos siete vocales plantearon la necesidad de que la Inspección Fiscal estudiara si Delgado incurría en una «causa de incompatibilidad» por su relación con el ex juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos, FIGBAR. Esta petición también fue rechazada, por lo que los miembros de AF y APIF optaron por no participar ni en el debate ni en la votación sobre esa plaza.
UN TRÁMITE «ESENCIAL»
Con todo, la AF subraya que «la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal (siete de once) no emitieron el preceptivo informe en el concreto punto del orden del día relativo a la propuesta de nombramiento de nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática», razón por la cual la asociación esgrime que la propuesta de nombramiento de Delgado «ha incumplido» el trámite legal.
Reivindica además que, en el presente caso, la actuación de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal no puede considerarse como un ‘voto negativo’ o como una ‘abstención’, sino como la no emisión del preceptivo informe exigido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) por causa justificada».
Asimismo, defiende que «el informe del Consejo Fiscal no puede considerarse como un mero acto de trámite», sino que es «esencial» porque, aunque no sea vinculante, «tiene por objeto coadyuvar a la propuesta del fiscal general del Estado, mediante las consideraciones que puedan formular los miembros de un órgano mayoritariamente representativo de la carrera fiscal».
A todo ello suma que, «la actuación del fiscal general del Estado ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal al decidir, de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros, que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad».
En la misma línea, APIF reprocha a García Ortiz que decidiera «lo que era competencia del Consejo Fiscal en Pleno». «Ello le permitió soslayar esa garantía legal que establece la ley para impedir que casos de conflicto de intereses se puedan producir en el seno de la Fiscalía», «una cuestión de la máxima relevancia», indica.
GARZÓN Y FIGBAR
La AF aprovecha su misiva a Llop para reiterar que «la estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas al señor Garzón y que de ambas pretende obtener una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias ante la Fiscalía».
«No es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por FIGBAR o de las plataformas en la que la citada fundación se integra o cualquiera de sus asesores legales, porque este es precisamente su fin», sostiene.
Por eso, incide en que situar en su cúspide a Delgado, «cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada, resulta inadmisible».
Para la AF, «la decisión contraria supondrá un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia, dado que cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del señor Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta».
«Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso», alerta.
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