La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal del Tribunal Supremo –y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional–, Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castresana, el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, y la fiscal de la Fiscalía de Madrid, Lorena Álvarez, se han dado de baja de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecían, en desacuerdo por la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, de nombrar a su predecesora, Dolores Delgado, fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
En una carta enviada este mismo viernes a la presidenta de UPF, Inés Herreros, la fiscal superior de Madrid señala como detonante «el lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal celebrado ayer».
Ha sido «la gota que colma el vaso», ratifican otros, consultados por Europa Press.
En el pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar el jueves, siete de los once vocales optaron por abstenerse al considerar que la exfiscal general podía incurrir en causa de incompatibilidad porque su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
Pese a ello, García Ortiz propuso designar a Delgado para esta plaza, cuyas funciones venía ejerciendo de forma interina por orden también del fiscal general.
Cabe recordar que el jefe del Ministerio Público no está atado a la voluntad del Consejo Fiscal porque en materia de nombramientos discrecionales actúa como órgano consultivo.
Además, el Pleno venía precedido de una fuerte polémica por la decisión de García Ortiz de adelantarlo del 19 al 8 de junio para garantizar que los nombramientos propuestos se materializan pese al adelanto electoral al 23 de julio.
La Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), las dos asociaciones cuyos vocales se abstuvieron, le habían pedido suspenderlo.
HA HABIDO UN CLAMOROSO SILENCIO CÓMPLICE DEL SECRETARIADO DE LA UPF, SEGÚN ALMUDENA LASTRA
Precisamente, en su misiva Lastra reprocha a UPF el «clamoroso silencio cómplice del Secretariado» en los días previos al cónclave, ante una situación que, a su juicio, «no tiene encaje posible en esos principios democráticos que creía comunes.
La fiscal afirma que se «ha rebasado todas las líneas rojas». «¿De verdad era necesario llegar a esta situación? Yo creo que no», dice, aclarando que UPF ya no la representa.
Lastra cuenta que cuando hace 30 años se afilió a la UPF lo hizo «con el convencimiento de que solo desde el movimiento asociativo era posible avanzar en un
modelo de Ministerio Fiscal distinto» y «desde el compromiso con una forma de trabajar por y para los ciudadanos basado en el respeto a todos los que formamos parte de esta institución».
«Asumí con orgullo ser etiquetada como ‘progresista’, sintiéndome parte de un proyecto común a largo plazo, en el que no dudé en implicarme desempeñando en ella cargos representativos durante muchos años», apunta.
Sin embargo, confiesa que «hace ya tiempo», se ha ido sintiendo «más ajena» a «la deriva que ha ido tomado esta asociación, cada vez más centrada en la ‘lucha funcionarial’ que siempre caracterizó a las otras asociaciones fiscales y en la búsqueda del ‘progreso personal’ de algunos, despreocupada por el diseño de una verdadera carrera profesional con una importante misión constitucional que cumplir».
Lastra asegura que, a pesar de sus «cada vez más numerosas discrepancias con la forma de actuar de las últimas ejecutivas», se resistía a darse por vencida aún siendo consciente de que «poco a poco la asociación y, con su inestimable colaboración la institución, iban cayendo en picado en el descrédito».
Lo acaecido antes y durante el Consejo Fiscal ha llevado a la AF y la APIF a pedir directamente la dimisión del fiscal general, hablando de «burda maniobra» y de «escándalo sin precedentes», respectivamente.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anunció el viernes que trasladará a la Comisión Europea lo ocurrido para que lo tenga en cuenta de cara a la elaboración de su informe anual sobre el Estado de Derecho en España.
