La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado este viernes al Tribunal Supremo que haga pública “de inmediato” la sentencia completa que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La asociación sostiene que la ausencia de la fundamentación jurídica ocho días después de conocerse el fallo constituye una forma de “violencia institucional”. “La motivación judicial no puede seguir esperando”, advierte.
En un comunicado, la asociación —a la que perteneció García Ortiz y en la que la fiscal Teresa Peramato, candidata del Gobierno para sucederle, fue portavoz— recuerda que el pasado jueves el Supremo adelantó el fallo: dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La incertidumbre ante la sentencia de García Ortiz
La UPF afirma que “la conmoción” generada tras conocerse la condena “no ha remitido” y subraya que la falta de motivación mantiene “a la sociedad —y al propio afectado— en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia”. La asociación advierte de que una demora en la publicación de los argumentos “debilita la confianza pública, enturbia el debate democrático y alimenta sospechas que perjudican a todas las instituciones”.
Por ello, solicita al Supremo “públicamente” que difunda cuanto antes la sentencia íntegra, con su fundamentación jurídica. Solo así, afirma, podrá “restablecerse la normalidad institucional”, garantizarse el derecho del condenado y ofrecer a la ciudadanía la información necesaria para comprender una resolución “de tan extraordinaria trascendencia”.
La UPF incide en que la fortaleza de una democracia se mide por “el rigor y la transparencia de sus instituciones” y que, en este caso, “la motivación judicial no puede seguir esperando”. Recuerda que la fundamentación de una sentencia “no es un trámite accesorio”, sino la garantía que permite controlar la racionalidad de la decisión, verificar el respeto a la presunción de inocencia y asegurar que una condena se dicta conforme a la ley y no por “presiones mediáticas o políticas”.
“La motivación no es un trámite accesorio”
A su juicio, privar temporalmente al fiscal general —y a la ciudadanía— de la motivación “produce una grave inseguridad jurídica” y un “daño institucional y personal difícilmente reparable”. La asociación denuncia que quien resulta condenado sin conocer los motivos queda expuesto socialmente en una situación que solo puede describirse como “una forma de violencia institucional”, al atribuírsele “la máxima responsabilidad penal posible en su ámbito” sin que se hagan públicos los argumentos que justificarían “tan excepcional severidad”.
La UPF subraya que este no es un procedimiento ordinario, sino “la primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado”. Por ello —insiste— se requieren estándares reforzados de motivación y transparencia, no prácticas propias de asuntos “de naturaleza completamente distinta”.
La asociación rechaza que pueda invocarse como excusa que en ocasiones el Supremo adelante fallos de casación sin tener la sentencia redactada. En este caso, recalca, no se trata de un recurso, sino de un juicio de primera y única instancia: “El Supremo es el único tribunal que juzga, condena y motiva”. Y por eso —concluye— la motivación “es esencial y no puede retrasarse: es la única explicación posible de por qué se condena”.
