El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha abonado los 17.200 euros correspondientes a la sanción económica impuesta por el Tribunal Supremo (TS) tras ser condenado por un delito de revelación de secretos. Una vez efectuado el pago, el alto tribunal ha requerido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que facilite los datos de su cuenta bancaria para proceder al ingreso de la indemnización.
García Ortiz ya ha satisfecho tanto los 10.000 euros fijados en concepto de indemnización como los 7.200 euros correspondientes a la multa impuesta en la sentencia dictada el pasado mes de diciembre. En dicha resolución, el Tribunal Supremo le condenó además a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado.
Para hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas de la condena, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció García Ortiz, impulsó una campaña de colaboración. Semanas después, la organización anunció que se había recaudado “íntegramente el importe necesario” para afrontar el pago de la sanción.
En un comunicado, la UPF explicó que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” atendieron a un llamamiento que, según subrayó, “no era económico, sino ético”, y en el que también participaron ciudadanos ajenos al Ministerio Fiscal.
La UPF defendió que García Ortiz «no está solo»
“Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, afirmó la asociación, que ha venido defendiendo la actuación y la inocencia del exfiscal general del Estado.
Por su parte, García Ortiz ha promovido un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo, en el que sostiene que su actuación estuvo dirigida a preservar la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.
Además, la Fiscalía General del Estado ha autorizado la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal. En concreto, se integrará en la Sección de lo Social de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.
