La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido un escrito a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que denuncia “una suº1ºcesión de irregularidades institucionales” en el procedimiento penal seguido contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo lo condenó recientemente a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según ha comunicado la asociación este viernes en una nota de prensa, los hechos que han observado “no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”.
Críticas a la actuación del Tribunal Supremo
Entre los elementos que señalan, la UPF denuncia la “acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados”, que habrían intervenido en todas las fases clave del proceso: “la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento”.
La asociación reprocha además que el fallo condenatorio se conociera “sin motivación” durante semanas. “Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican”, afirma la nota, advirtiendo de que esta situación afecta “directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones”.
Una instrucción “extremadamente invasiva”
La UPF critica igualmente la “instrucción con medidas extremadamente invasivas”, destacando que la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado incluyó un “volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses”, pese a que los hechos investigados se limitaban a un periodo de 48 horas.
Asimismo, denuncian “comportamientos públicos impropios” durante el juicio y la deliberación, señalando “intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad” y “vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores”.
También mencionan un “curso remunerado” impartido durante el periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares, una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en la que participaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta —presidente del tribunal—, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.
Por todo ello, la asociación solicita a Satterthwaite que analice estos hechos y valore “si comprometen la independencia judicial”, que inste a España a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y que considere realizar una visita oficial al país para evaluar el impacto institucional del caso.
La UPF recuerda que García Ortiz fue presidente de la propia asociación, que ha sido especialmente crítica con el fallo del Tribunal Supremo y reclama la publicación completa de la sentencia. El mismo día en que se conoció la condena, el 20 de noviembre, su presidente, Félix Martín, declaró en Cadena SER que el Supremo “ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia”.
