La Unión Federal de Policía (UFP) ha iniciado un procedimiento de reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa para exigir el reconocimiento del derecho de huelga de la Policía Nacional, prohibido para este cuerpo y para las fuerzas armadas del país.
«El derecho de huelga es fundamental según la Constitución y los tratados de la Unión Europea, pero nosotros lo tenemos anulado», lamenta José María Benito, portavoz de la UFP, señalando que desde la Policía Nacional buscan el reconocimiento de este derecho, aunque «otra cosa sea el ejercicio y regulación», o al menos una serie de garantías o herramientas alternativas, como un sistema de arbitraje, como lo tienen en Italia y Alemania, que sirva como medida de presión.
Según la asociación, esta prohibición vulnera el artículo 6.4 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de huelga como una de las acciones colectivas que pueden tomar los trabajadores y empleadores «en caso de conflicto de intereses». También recuerda que el Comité Europeo de Derechos Sociales define este derecho como «el principal y fundamental medio legítimo (…) para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales».
Para Benito, se trata de una reivindicación «histórica». «Es como si nos limitaran el derecho al voto», dice, recordando que su reclamación está dirigida al mismo cuerpo que reconoció del derecho a la huelga de la policía irlandesa, que lo reclamó formalmente en el 2012, amparada (igual que la de UFP) por el Protocolo Adicional de 1995, que permite a organizaciones sindicales la interposición de reclamaciones colectivas por vulneraciones de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea.
España debe formular alegaciones a la demanda presentada antes del 17 de julio de este año, fecha límite impuesta por la resolución del presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, fechada a 2 de junio. Según Benito, no hay disentimiento entre los policías respecto a esta reclamación. «Puede que haya reservas en las cúpulas policiales sobre la practicidad de estas medidas, pero el colectivo las apoya», dice.
Ante la posibilidad de que se le reconociera este derecho a la Policía Nacional, Benito afirma que «no faltan motivos» para que lo ejerzan sus miembros, aunque no sean «ni sindicales ni económicos», sino más bien refieran al trato a los agentes, especialmente en cuanto al reconocimiento de las agresiones y muertes que sufren realizando su labor.
«Necesitamos garantías para trabajar sin miedo a que nos adjudiquen responsabilidades penales por ello», dice ante lo que percibe como una falta de protección del cuerpo. «Necesitamos un cambio legislativo para evitar situaciones como la de Andújar, hace dos domingos, en la que un policía no usó su arma por miedo a una responsabilidad penal», dice.
También destaca las situaciones en las que «un delincuente detenido, con 150 o 200 antecedentes por el mismo delito, sale a la calle al día siguiente» como un motivo por el que los policías se sienten «vendidos». «No es posible que los agentes se jueguen la vida al practicar una intervención policial, después de haber pasado horas investigando, y que las detenciones no estén acompañadas por una condena, es algo que desmotiva porque parece que el trabajo hecho no sirve de nada».
