La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha celebrado el informe de Estado de Derecho de España publicado hoy por la Comisión Europea, «por la contundencia con la que se ha expresado sobre los fallos del Gobierno de Pedro Sánchez en diferentes apartados referidos a la salud democrática y del sistema judicial español».
“Ante este informe, el Ejecutivo que salga de las urnas está obligado a cambiar de manera urgente la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues es muy grave el varapalo recibido por España por su sistema partidario de nombramientos que viola la separación de poderes”, manifiesta.
El pasado mes de junio, la eurodiputada de Ciudadanos envió una nueva carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para ponerle al día de las últimas informaciones que se refieren al órgano de gobierno de los jueces y alertarle sobre «el deterioro de la percepción pública de la Justicia en España, consecuencia de la falta de independencia». Le informó, entre otras cosas, de que el CGPJ requiere una reforma urgente que «por razones políticas no se adopta”.
Pagazaurtundúa señala que como bien dice la Comisión, la falta de renovación «está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando inquietud en relación con el número de casos juzgados por el Tribunal Supremo y su duración”.
“Es una aseveración muy grave que debería hacer recapacitar al Gobierno”, indica.
Pagazaurtundúa destaca que los datos que aporta la Comisión Europea «son contundentes: El nivel de percepción de la independencia judicial en España sigue siendo bajo entre la población general y ahora también lo es entre las empresas. Sólo el 34% de la población general y el 34% de las empresas perciben el nivel de independencia de los tribunales y jueces como bastante o muy bueno en 2023. Según los datos del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE en 2023, no hay mejora en la evolución del nivel de independencia percibido desde 2016. Y la independencia judicial percibida entre el público en general ha disminuido en comparación con 2022 (38%»).
Lamenta que en el Gobierno de España se hayan sucedido hasta ahora «personas que por su propio interés táctico han mantenido un sistema claramente partidista que interfiere e intoxica el ecosistema judicial».
Denuncia que el Gobierno ha lanzado «sucias campañas contra algunos jueces para asustar a muchos, para domesticarlos»
“En España se ha ido degradando el sistema, por el partidismo. El Gobierno de Sánchez ha supuesto incluso lanzar sucias campañas contra algunos jueces para asustar a muchos, para domesticarlos. Se han traspasado muchas líneas rojas desde el poder Ejecutivo, y ya hemos llegado a un nivel, como dice la Comisión, de urgencia”, indica.
También señalado que pese a las advertencias que se han producido retiradamente desde 2020 por parte de Bruselas, España sigue sin tomar medidas para reforzar el estatuto del fiscal general y “abordar la separación del mandato del cargo del fiscal general con el propio Ejecutivo, lo que produce un solapamiento tóxico para el sistema”.
“Es muy interesante también la reflexión del comisario Reynders sobre que la necesidad de una protección efectiva de la independencia judicial requiere también una cultura de integridad e imparcialidad”, indica Pagazaurtundúa.
En este sentido, apunta que varios Estados miembros están aplicando políticas y prácticas para promover la integridad en el seno del poder judicial.
«En Portugal, el Consejo Superior de la Magistratura ha presentado una propuesta para regular las ‘puertas giratorias’ en la judicatura, pero en España el régimen de incompatibilidades para los jueces sigue suscitando preocupación ante la evidencia de que se dan casos escandalosos como los nombramientos de Dolores Delgado», precisa.
Bruselas no olvida tampoco «el desastre» que ha supuesto la revisión del delito de apropiación indebida, incluso rebajando las penas en algunos casos, añade la eurodiputada.
Asimismo, destaca que la Comisión exige a España una reforma de la ley que regula la financiación de los partidos políticos, que ya cuenta también una petición formal del Tribunal de Cuentas.
España también necesita, expone, abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, que siguen siendo muy altos respecto al resto de los Estados miembros. «Bruselas también es contundente en este punto: Debe adoptar una estrategia anticorrupción, que deberá estar finalizada para el verano de 2024», señala la presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo.
Esta cuestión se une al hecho, de que las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos no se aplican adecuadamente, y Bruselas exige nuevamente este año compromisos sobre el registro y control de las actividades de los lobbies con el mundo de la política, agrega Pagazaurtundúa.
«Es lamentable también que no ha habido novedades en relación con el marco jurídico de la publicidad institucional y las demandas de mayor transparencia en la distribución de la publicidad institucional se mantienen. Mientras España no cree un sistema de transparencia sobre la propiedad de los medios no lograremos sanear la imagen democrática en el exterior”, concluye.
RECHAZA LAS OPINIONES POLÍTICAS SOBRE JUECES
En otro orden de cosas, señala que la Comisión también amonesta a los políticos que critican a los jueces, un comportamiento que ya criticó en el informe de 2022. pero que, según ha comprobado, continúa.
«Los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial», afirma Bruselas.
Además, la Comisión incluye de nuevo una advertencia respecto a las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos del Gobierno, que no se aplican suficientemente a pesar de que tanto el informe GRECO como el de Estado de Derecho de 2022 reclamaban la necesidad de reforzar esta legislación.
“Los eurodiputados ya publicamos nuestras actividades con lobbies, pero España sigue arrastrando los pies”, manifiesta Pagazaurtundúa.
La eurodiputada ha destacado también el “tirón de orejas a Sánchez” por el abuso de los decretos ley, los procedimientos extraordinarios para aprobar sus leyes sin consulta pública, evaluación de impacto y consulta de los órganos preceptivos.
“Repercute negativamente en la calidad de la legislación. 135 decretos ley entre 2018 y marzo de 2023”, denuncia.
Afirma la Comisión que la calidad legislativa es un factor importante de confianza y un motivo de preocupación, según ha expresado el 46% de las empresas en España,
