La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundúa, ha enviado hoy una nueva carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para ponerle al día de las últimas informaciones que se refieren al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y alertarle sobre «el deterioro de la percepción pública de la Justicia en España, consecuencia de la falta de independencia».
“El CGPJ requiere una reforma urgente que por razones políticas no se adopta”, denuncia Pagazaurtundúa.
La eurodiputada de Ciudadanos le informa, además, de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha fallado a favor de los seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que en octubre de 2021 presentaron una demanda contra el Estado debido a la inacción del Congreso y el Senado en la no renovación del CGPJ.
De cara al próximo informe anual sobre el Estado de Derecho, Pagazaurtundúa recalca que el fallo de Estrasburgo reconoce que la negativa del Tribunal Constitucional (TC) a conceder amparo a los jueces aspirantes a vocal del Consejo les causó perjuicio debido a la parálisis institucional.
La Corte europea ha declarado que la decisión del tribunal de garantías violó el derecho de los candidatos a acceder a una tutela judicial efectiva, según lo establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
La eurodiputada destaca en este sentido que el bloqueo de la renovación de los miembros del CGPJ en España «afecta directamente a la independencia y la imparcialidad del poder judicial», algo que la propia Comisión ha señalado, lamentándolo, desde 2020.
“Para respetar la separación de poderes, los jueces deben ser elegidos de manera independiente y no estar sujetos a influencias o presiones externas, ya sea del poder ejecutivo, legislativo o de cualquier otro organismo. No hay atajos para ello y la ley en España requiere una reforma urgente que por razones políticas no se adopta. El gobierno prefiere el bloqueo general a una solución que no se adecúe a sus intereses políticos“, subraya Pagazaurtundúa.
Recuerda que “los jueces deben tomar decisiones basadas únicamente en la ley y las pruebas presentadas en cada caso, sin dejarse influenciar por intereses políticos, económicos o personales, por lo que la independencia en la elección de los órganos de poder de los jueces ayuda a garantizar la imparcialidad en el ejercicio de su función”.
«La independencia judicial también es fundamental para proteger los derechos y libertades individuales, pues es la salvaguarda contra posibles abusos de poder, garantizando que las personas sean tratadas de manera justa y equitativa. Lo mismo ocurre con la Fiscalía, donde también conoce los problemas y tensiones que ha generado el nombramiento de la exfiscal general Dolores Delgado”, relata al comisario europeo.
E indica que «ese desembarco de la política en el mundo de la judicatura afecta, además, directamente a la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia».
“La Comisión es bien consciente de ello, pues así lo constató en su último estudio sobre la percepción de independencia judicial en la UE, donde España aparece en el puesto número 22 de los 27 Estados miembros, junto con los países con graves problemas con la situación de la separación de poderes, como Hungría, Polonia, Croacia o Eslovaquia”, señala la eurodiputada.
De hecho, hace hincapié en que la percepción de la justicia está en España en caída libre.
“Sólo un 3% de los españoles consideran que la calidad de la Justicia en nuestro país es buena o muy buena, mientras que en otros países, por ejemplo Alemania, son un 25% los que están muy satisfechos. Más de la mitad de los españoles, un 56%, creen que la Justicia funciona mal o muy mal”, destaca Maite Pagazaurtundúa, y hace hincapié en la independencia en la elección de los jueces sirve como un mecanismo de control y equilibrio entre los poderes del Estado, del que no podemos sustraernos.
