El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado a favor de los seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) que aspiraban a ser miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconociendo su derecho a participar en tiempo y forma en la renovación del órgano de gobierno de los jueces y dictaminando que el Tribunal Constitucional (TC) vulneró los derechos civiles de estos jueces al inadmitir su recurso de amparo.
Se trata de los magistrados José Antonio Baena Sierra, Rafael Estévez Benito, Mónica García de Yzaguirre, Manuel Jaén Vallejo, Juan Luis Lorenzo Bragado y María Tardón Olmos, quienes fueron avalados por la AJFV en 2018 como candidatos para formar parte del órgano de gobierno de los jueces.
El TEDH se ha pronunciado así en una resolución judicial vinculante para el Estado español acerca de la paralización de la renovación de los vocales del CGPJ.
Ha concluido, con cuatro votos votos a favor y tres en contra, que se ha violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contempla el derecho a un proceso justo y/o al acceso a los tribunales. Por tanto, el Tribunal Constitucional (TC) ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes.
El TEDH señala que aunque el Convenio Europeo no garantiza el derecho a «ser nombrado» o ser «promovido» a miembro de un puesto dentro del servicio civil, sí que garantiza el derecho a un procedimiento legal para el examen oportuno de sus candidaturas.
«Lo que estaba en juego en el proceso presentado por los solicitantes no era su derecho a convertirse en miembros del CGPJ, sino su derecho a un procedimiento legal para el examen oportuno de sus candidaturas», destaca el Tribunal de Estrasburgo (Francia).
El TEDH dictamina que los candidatos de la AJFV tenían derecho a participar en el procedimiento para ser elegidos miembro del CGPJ y a que sus candidaturas fuesen examinadas por las Cámaras de una manera «oportuna».
El Gobierno alegó ante el TEDH que la disputa de estos seis miembros de la AJFV se refería a una cuestión «política» y no «civil» y que, por ende, no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos. Al respecto, el tribunal señala que la reclamación de los solicitantes no implicaba ninguna «obligación política» ni el ejercicio de ningún «derecho político», sino que su demanda estaba relacionada con el procedimiento anterior a cualquier votación de los miembros de las Cortes.
DA LA RAZÓN A AJFV DE QUE EL TC SE QUITÓ EL ASUNTO DE ENCIMA
Respecto a la actuación del Tribunal Constitucional, que inadmitió a trámite el recurso de amparo que interpusieron estos magistrados, apoyados por AJFV, por vulneración de sus Derechos Fundamentales, el TEDH subraya que la demanda de los firmantes podría haber sido resuelta por el órgano de garantías.
Además, en su resolución afea al Constitucional que no explicara las razones por las que rechazó el recurso. El TEDH considera que los solicitantes no han podido conocer la forma en la que ha interpretado la ley que se ha aplicado a su caso. Y subraya que la respuesta del TC afectó la esencia misma del derecho de los demandantes a acceder a un tribunal.
Ahora, el TC tendrá que entrar en el fondo del recurso de amparo, con la mirada del TEDH encima.
ACUDIERON AL TEDH PARA DENUNCIAR LA «POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA» Y LA «DEJACIÓN DE FUNCIONES» DE LAS CÁMARAS EN LA RENOVACIÓN
El TEDH ha contestado así a la demanda que estos seis magistrados presentaron en octubre de 2021 para denunciar la «inactividad» de las Cortes Generales en el proceso de renovación «por razones e intereses meramente políticos».
En su impugnación, esgrimieron ante el TEDH que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ. Expusieron que desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y “ante la pasividad de las instituciones», el 14 de octubre de 2020 dichos magistrados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución.
El TC no admitió a trámite sus recursos de amparo porque consideró que habían sido presentados fuera de plazo.
Estos magistrados alegaron ante Estrasburgo que son «víctimas directas de la infracción de su derecho a acceder a cargo público y a la tutela judicial efectiva», lo que, a su juicio, representaba una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como finalmente ha declarado la Justicia.
El portavoz nacional de la asociación, Jorge Fernández Vaquero, señaló entonces que la renovación del CGPJ era competencia «única y exclusiva» de ambas cámaras, y denunció que no habían hecho «nada» en tres años por estar «supeditadas» a los intereses de PP y PSOE.
“Desbloquear y despolitizar la Justicia es lo que pretendemos y, para ello, es imprescindible reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ, como nos exige Europa», explicó.
Lo que pretendían al acudir al Constitucional era que «aplicase las consecuencias de su propia doctrina, en la que decía que sería contrario a la Constitución un reparto partidista del CGPJ como el que de hecho se ha venido produciendo”.
“Al no haber querido entrar a examinar el asunto por razones formales muy discutibles, nos vemos obligados a acudir al TEDH”, indicó Jorge Fernández Vaquero.
En AJFV confiaban en que el TEDH les diera la razón, «poniendo de relieve la necesidad de despolitizar el CGPJ y dejando en evidencia el grave incumplimiento de sus obligaciones en este sentido del Congreso y del Senado, que es el síntoma más evidente de que el sistema de designación actual está viciado».
EN AJFV ESPERAN QUE ESTA SENTENCIA SUPONGA UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Jorge Fernández ha declarado hoy que están «muy satisfechos» con la resolución del TEDH y esperan que suponga «un punto de inflexión».
«Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado en este país a que las instituciones cumplan o dejen de cumplir sus deberes constitucionales a su antojo sin que esto tenga ninguna consecuencia. Gracias a esta sentencia sabemos que sí las tienen. Pone negro sobre blanco de que el órgano constitucionalmente encargado de velar por la protección de los derechos fundamentales ha violado los derechos fundamentales y, además, lo ha hecho por negarse a entrar resolver en un asunto de la máxima trascendencia constitucional, y también política y social, como es la cuestión de la falta de renovación del Consejo», señala.
Este magistrado destaca que ha habido «un cúmulo de inactividades, de omisiones, que al final se traducen en una pérdida de garantía de la calidad de nuestro Estado democrático» y que frente a eso se reveló su asociación.
«El TC renunció a cumplir su papel esencial de controlar que se cumplen las normas constitucionales y, además, renunció a ese derecho nada más y nada menos que violando derechos fundamentales», critica Fernández, y celebra que ahora, esta sentencia venga a dar a la AJFV la razón en su rebelión.
«Es el momento de que todas las instituciones, empezando por el Constitucional, asuman que comportamientos de incumplimiento activo de la Constitución, como los que estamos viendo en los últimos años son inaceptables en un Estado democrático de Derecho», concluye.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial analizará en su reunión del próximo miércoles, 28 de junio, la sentencia.
