El Ministerio de Justicia ha impulsado un proyecto en colaboración con el de Interior para mejorar la infraestructura tecnológica y favorecer de esta forma la participación vía telemática de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en diferentes actos judiciales.
Esta medida, que cuenta con la aportación de fondos europeos, busca eliminar los desplazamientos físicos de los agentes a las sedes judiciales, de forma que pueda llevarse a cabo su labor desde las instalaciones de las respectivas unidades operativas.
El proyecto, que persigue perfeccionar la interoperabilidad con los sistemas judiciales para que la calidad sea mayor, pone en el centro la seguridad jurídica de forma que los investigadores puedan seguir realizando sus tareas.
Justicia ha apuntado que, en este sentido, ya se han realizado experiencias piloto en Guadalajara y Cáceres, territorios en los que ya se ha renovado el equipamiento audiovisual necesario y donde están operativos los sistemas de videoconferencia en las dependencias de la Guardia Civil y Policía Nacional.
CON LA AYUDA DE JUECES Y LETRADOS
Esta actuación, indican las mencionadas fuentes, se está implementando en conjunto con los jueces y letrados del territorio y el apoyo directo del Tribunal Superior de Justicia de las respectivas comunidades autónomas.
En este marco, el 26 de abril se remitió un oficio a la Secretaría de Gobierno de Castilla la Mancha explicando las actuaciones y ventajas de este proyecto. Asimismo, se ha solicitado que desde los órganos judiciales se priorice la opción de comunicación a través de videoconferencia con las unidades de Guardia Civil y Policía que sean requeridas en diferentes actos judiciales.
Una vez verificado el correcto funcionamiento de la experiencia piloto, se llevará a cabo un plan de actuación para abordar la extensión progresiva en seis semanas. Este plan, a su vez, se compone de tres bloques consecutivos de dos semanas de duración cada uno.
El primer bloque comprende Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca, mientras que el segundo amplía a Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Por último, el tercer bloque incluye a Baleares, Ceuta, Melilla, Murcia, León y Salamanca.
