La Justicia Gratuita que prestan los 83 colegios de Abogados españoles costó un total de 296.839.779 euros en 2022, un servicio altamente valorado por la ciudadanía, especialmente por los usuarios, según datos del XVII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y por la Fundación Aranzadi La Ley, el cual ha sido presentado hoy, la víspera del 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita.
Dicha cantidad, un 4,3 % más que en 2021, comprende los servicios del turno de oficio que se presta en toda España -199.785.106 euros-, la asistencia letrada -57.066.694 euros-, violencia de género -13.631.484 euros- y gastos de infraestructura -26.356.495 euros-.
En total, el número de abogados inscritos en el turno de oficio es de 42.450, casi un tercio de los 148.000 abogados ejercientes en toda España, de los que un 52 % son hombres frente al 48 % restante, que son mujeres.
El informe viene complementado, como en veces anteriores, por el Barómetro Metroscopia, en el que destaca la valoración positiva que de la Justicia Gratuita tiene el 64 % de la población. Valoración que se eleva a un 77 % cuando los que opinan son los usuarios, o a un 75 % cuando son los acompañantes.
«Del Barómetro que hemos elaborado», explicó el catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, «se desprende el gran conocimiento que la ciudadanía tiene del servicio de Justicia Gratuita, que garantiza que una persona sin recursos económicos cuente con el asesoramiento de un abogado. El 76 % lo tiene muy claro. Y si los que opinan son los usuarios o sus acompañantes, la proporción sube a un 83 y un 85 % respectivamente».
El nivel de satisfacción, de acuerdo con este Barómetro, es de un 75 %.
NO ESTÁN BIEN PAGADOS
La ciudadanía cree que los abogados que prestan este servicio, en concreto el 68 % -y el 69 % de los usuarios- no están suficientemente compensados por su trabajo en el servicio de Asistencia de Justicia Gratuita. La remuneración media de 147 € que percibieron por caso cada uno de los abogados que actuaron en el Turno de Oficio se antoja insuficiente.
«La idea mayoritaria (56 %; 67 % entre los usuarios de la Justicia Gratuita) es que fuese el Juzgado que entendiera de cada caso quien estableciese, en función de la complejidad del mismo, la remuneración -con cargo a los servicios públicos- correspondiente al abogado. Un 32 % opta por el establecimiento de una cifra promediada con lo que percibiría por ese mismo asunto un profesional en el mercado libre. Solamente un 7 % considera que la retribución debería seguir siendo la actual», dice el Barómetro.
La presentación de este XVII Informe fue llevada a cabo por la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, y por la presidenta de la Fundación Aranzadi La Ley, Cristina Sancho.
¿COPAGO?
«En esta cuestión cabe destacar una incipiente aceptación de la posibilidad de algún sistema de copago», añade. A favor se muestra un tercio de los usuarios y casi la mitad de la población general.
«Son cifras relevantes teniendo en cuenta que se trata de un servicio reconocido de forma casi unánime como de interés general, del que todo quien lo precise debe poder disponer», subraya.
AUMENTAN LAS ASISTENCIAS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El presidente de la Comisión de Asistencia Justicia Gratuita y Función Social del CGAE -y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza-, Antonio Morán, llamó la atención sobre un hecho: el mayor aumento de asuntos en violencia de género: «En 2022 aumentaron hasta los 70.206, un 8,8 % más que el año anterior. Por jurisdicciones, el mayor aumento se ha dado en lo contencioso-administrativo, con un 12 %, y en lo social, con un 10 % más».
Morán señaló a un problema latente. Y es la dispersión y, en muchas ocasiones, la contradicción en las exigencias y requerimientos de las distintas Administraciones públicas responsables tanto del reconocimiento del derecho como de las cargas burocráticas dirigidas a los profesionales del derecho y las instituciones de la abogacía.
397 EXPEDIENTES SANCIONADORES
El presidente de esta Comisión también hizo hincapié en el número de quejas que se produjeron sobre el funcionamiento de este servicio.
Fueron un total de 5.679. «Se convirtieron en expediente sancionadores 370, un 6 % del total», remachó.
