Impulso Ciudadano, asociación que tiene como objetivos la defensa de los principios democráticos y los derechos fundamentales, ha denunciado ante el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, los ataques de la Generalitat de Cataluña a los jueces por dictar sentencias a favor del modelo bilingüe de escuela.
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha enviado una carta a Reynders transmitiéndole que los jueces están recibiendo críticas a raíz de conocerse esta semana que el ‘Tribunal Superior de Justicia de Catalunya’ (TSJCat) ha amparado a tres familias que habían solicitado que sus hijos recibieran una educación en la que se utilizaran como lenguas vehiculares tanto el catalán como el castellano.
Según explica, la consejera de Educación del gobierno regional ha declarado que con esta decisión, el TSJCat “hace política entrando en campaña electoral”.
Como informa José Domingo a Reynders, dichas declaraciones han sido publicadas en la página web oficial del gobierno regional y en la cuenta de Twitter de la Consejería.
Además, en el canal de Twitter del gobierno regional también se han publicado dos tuits difundiendo que el alto tribunal de Cataluña “hace política entrando en campaña”.
El presidente de Impulso Ciudadano destaca que las críticas fueron más duras todavía por parte del presidente autonómico catalán, Pere Aragonès (ERC), quien sostiene que las peticiones de las familias que querían educación bilingüe suponían “un ataque a la escuela y a la lengua catalana, así como la búsqueda de la ruptura de los consensos lingüísticos en Cataluña”.
En su caso, esas declaraciones se hicieron en el marco de un acto de campaña electoral de su partido y no se difundieron a través de los canales oficiales del gobierno regional, añade Domingo.
No obstante, indica que la coincidencia entre las declaraciones de Aragonés y la toma de postura oficial del gobierno catalán no puede considerarse casual.
En este sentido, recuerda que en otras ocasiones, la Comisión Europea ha dotado de relevancia a declaraciones de los miembros del ejecutivo, aunque se hagan fuera de actos institucionales.
Impulso Ciudadano destaca en la misiva que el cuestionamiento de las decisiones judiciales por parte del gobierno autonómico de Cataluña no es un hecho aislado.
En los sucesivos informes que esta asociación ha aportado al informe sobre el Estado de Derecho en Europa, ha señalado las múltiples ocasiones en las que la Generalitat no solamente ha criticado las decisiones judiciales, sino que ha dicho abiertamente que las desobedecerá y ha dado instrucciones para que los funcionarios no las acaten.
Impulso Ciudadano hace hincapié en que se trata de “hechos de una enorme gravedad cuando son obra de una autoridad pública que no solamente controla los centros educativos en Cataluña, sino también la Policía, las prisiones y la Sanidad, entre otros servicios públicos”.
En la carta, José Domingo hace alusión a la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 2010 sobre independencia judicial, que en su punto 18 establece: “Si comentan las decisiones de los jueces, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socavarían la independencia o la confianza pública en el poder judicial. También deben evitar acciones que puedan poner en duda su voluntad de acatar las decisiones de los jueces, además de manifestar su intención de apelar”.
Además, señala que en el último informe sobre el Estado de Derecho en la Unión, y en relación a España, se incide en las críticas del poder ejecutivo hacia los jueces, considerándolas como un daño para el Estado de Derecho en tanto en cuanto, según los estándares del Consejo de Europa, tales críticas por parte del poder ejecutivo erosionan la independencia judicial.
“Si el Consejo de Europa y la Comisión Europea están atentos al respeto al Estado de Derecho por parte del poder ejecutivo, ¿por qué han de quedar excluidos de dicho control los gobiernos regionales que, como el catalán, son el auténtico poder público percibido por los ciudadanos en lugares como Cataluña?”, plantea.
Por todo ello, solicita al comisario que tome nota de los hechos y “adopte las medidas que en el marco de su responsabilidad sean necesarias para que vulneraciones graves y claras al Estado de Derecho como las aquí denunciadas no se produzcan en el territorio de la Unión Europea”.
DESACREDITAN A LOS JUECES Y TRATAN DE INFLUIR
“La razón de esta carta a Reynders es la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial ante lo que han realizado tanto la Consejería de Educación como el presidente de la Generalitat”, declara a Confilegal el presidente de Impulso Ciudadano.
Denuncia que la independencia judicial “está siendo puesta en peligro de una manera permanente por parte de la Generalitat, dado que insiste en desacreditar la Justicia que ellos definen como española”.
“No hay ninguna razón que justifiquen esos ataques, salvo la intención perversa de las autoridades de la Generalitat de desacreditar a los jueces y tratar de influir para que no realicen con la necesaria independencia su función”, concluye.
