Las fiestas llamadas ‘raves’ o los retiros espirituales celebrados sin permiso están sancionados con hasta 600.000 euros
la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana sanciona con hasta 600.000 euros este tipo de acontecimientos al ser una “reunión no comunicada” en la que puede haber un riesgo para la vida o integridad física de las personas.

Las fiestas llamadas ‘raves’ o los retiros espirituales celebrados sin permiso están sancionados con hasta 600.000 euros

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25/7/2023 06:30
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Actualizado: 25/7/2023 10:14
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¿Quién no se acuerda de la rave ilegal celebrada en La Peza, Granada, que empezó el pasado 30 de diciembre y duró una semana? Contra todo pronóstico, los vecinos estaban encantados con ella, algunos se unieron a la fiesta e incluso llegaron a pedir que volviesen al año siguiente. Calificaban a los jóvenes de “muy limpios y muy buena gente”.

O también de lo sucedido en Cádiz hace poco más de un mes. Un centenar de agentes de la Guardia Civil tuvieron que desmantelar y desalojar una comuna hippie llamada “La Familia Arcoíris” que, motivados por el ciclo lunar, se asentaron de forma ilegal en una finca privada dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 

Sin embargo, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana sanciona con hasta 600.000 euros este tipo de acontecimientos al ser una “reunión no comunicada” en la que puede haber un riesgo para la vida o integridad física de las personas, ha explicado el letrado Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados.

Se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con una finalidad determinada. Ahora bien, “el derecho a reunión está reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española el cual relata que si es pacífica y sin armas, no necesita autorización previa, ha apuntado el abogado.

No obstante, la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, que regula el derecho de reunión, manifiesta que “en los casos de reuniones en lugares de tránsito público hay que comunicarlo a la autoridad correspondiente, la cual sólo puede prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público y que pueda generar un peligro para personas o bienes.

Según Benítez Ostos, “normalmente lo que ocurre en este tipo de reuniones es que no se realiza comunicación previa a la autoridad».

Y también puede darse la situación de que estas fiestas tengan lugar en terrenos privados, como fue en el caso de la comuna hippie de Cádiz citada anteriormente. Por lo que el propietario tiene la opción de denunciar su ocupación, ha matizado el experto en contencioso-administrativo.

Encuentro Arcoíris de 2007 en Bosnia.

¿Quiénes serían los responsables?

Según la ley de protección de la seguridad ciudadana comentada anteriormente, las personas responsables de estas concentraciones ilegales son los organizadores o los promotores.

“La responsabilidad de los organizadores, es a menudo, difícil de hallar por la clandestinidad de la fiesta y de la propia convocatoria, que se difunde a través de redes sociales sin identificación de ninguna persona en concreto”, ha detallado.

En el caso de que, por ejemplo, una rave pueda llevar aparejada una detención por cualquier otro ilícito penal como puede ser la venta o el consumo de sustancias prohibidas, además de la responsabilidad personal se le puede exigir al promotor también de forma subsidiaria.

Otras infracciones que se pueden llevar a cabo

El problema recurrente de este tipo de eventos suele ser la utilización de potentes altavoces que emiten música a gran volumen, por encima de los límites establecidos. Las sanciones pecuniarias pueden ir desde los 600€ a los 300.000€.

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados.

Por otro lado, el abogado ha recalcado que en este tipo de eventos se generan residuos y basura y la Ley 7/2022 de 8 de abril califica como muy grave “el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos”.

Así como el abandono de cualquier residuo que haya puesto en peligro la grave salud de las personas o que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. Aquí, “en las caso de infracciones muy graves, tales conductas se sancionan con multas de 1.750.000 euros”. 

Cómo se debe actuar

El letrado ha explicado que, a veces, el terreno empleado para las raves es también una zona protegida. En ese caso, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil tendrá que intervenir para que se respete el paraje natural y que no causen daños en el entorno.

Por otro lado, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, a menudo se encuentran con la dificultad de proceder al desalojo sin provocar mayores altercados. En ocasiones, pueden prohibir el acceso al recinto de aquellos que acudan en vehículos, o incluso poner un control de alcoholemia y drogas a la entrada y salida del recinto.

«Pero es complicado ordenar el desalojo de un lugar donde la gente ha acudido en sus vehículos y pretenden acceder a ellos para marcharse bajo la influencia de bebidas o sustancias prohibidas», ha añadido.

“Por ello, por motivos de seguridad para los asistentes y los propios agentes a menudo se llevan a cabo labores de mera vigilancia más que de desalojo” o “se limitan a identificarlos y a detener a aquellos que cometan algún tipo de ilícito penal”.

Qué pasos tendrían que seguir para hacerlo legal 

Para hacer estos eventos legales, el primer lugar, “en función de la titularidad del terreno donde pretenda realizarse la fiesta, habrán de solicitar la autorización del propietario privado, o comunicar a la administración pública de que se trate la celebración pretendida”.

Y, en segundo lugar, “deberán tener previsto un plan de seguridad o contingencias contra accidentes y prevención de cualesquiera otros riesgos para la vida y salud de los asistentes, que habrán de presentar ante la administración en el momento de realizar la comunicación”.

Asimismo, los promotores deberán controlar la venta de sustancias estupefacientes ya que “la celebración consentida de la misma lleva implícito el correcto cumplimiento de las leyes”. 

El letrado ha recordado un caso del pasado verano en el que un joven de 32 años con una patología cardiaca falleció en una rave sin que los equipos sanitarios pudiesen acceder al lugar. El desenlace fue fatal. 

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