El Juzgado Social 20 de Barcelona ha confirmado la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de retirar a un hombre la prestación por incapacidad permanente que tenía desde 1996 a consecuencia de su diagnóstico por VIH en 1989.
La jueza desestima en la sentencia la demanda que el hombre presentó contra la Seguridad Social y por tanto confirma la decisión.
El Col·lectiu Ronda, que representa al paciente, ha explicado en un comunicado que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y para la abogada Marta Barrera se trata de «una decisión que ignora la realidad clínica del enfermo y representa una verdadera condena a la exclusión social» ya que la prestación era la única fuente de ingresos del afectado.
Para la abogada del demandante, no existen «razones médicas que fundamenten la supuesta recuperación de la capacidad laboral que se le atribuye».
La Seguridad Social le retiró la prestación en julio de 2021 basándose en criterios del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (Icam), que detectó «una mejora evidente» de las lesiones iniciales y consideró que el hombre había recuperado sus facultades generales y la capacidad de trabajar.
El hombre respondió con una demanda judicial apoyada por informes médicos que exponen «una multiplicidad de patologías asociadas al VIH», como afectaciones pulmonares, lesiones dorsales, deterioro cognitivo con afectación a la memoria, trastorno depresivo y patologías hepáticas.
Su abogada ha insistido en que es «incomprensible e injustificable desde un punto de vista médico» que se le retire la incapacidad permanente, y ha remarcado que el VIH de larga duración causa envejecimiento precoz del organismo, y en este caso el paciente lo ha sufrido durante más de 30 años.
