El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha presentado este miércoles la memoria anual correspondiente a 2022 ante el Rey Felipe VI. En ella, se aprecian datos como, por ejemplo, que dictó 151 sentencias frente a las 192 del año 2021, siendo 70 correspondientes al Pleno y 81 a las Salas. De ellas, 34 eran procesos de inconstitucionalidad y 117 demandas de amparo.
Del total de las sentencias dictadas, hay que destacar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que atribuía a las salas de este orden la función de autorizar o ratificar las medidas sanitarias.
También hay que destacar que el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Así como las sentencias en las que el Pleno desestimó los recursos de amparo formulados por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra i Pla, respecto de las sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le condenaron por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
O aquella en la que el Pleno resolvió una demanda en la que se alegaba discriminación por identidad de género e infracción del derecho a la propia imagen en el ámbito laboral.
Aumenta ligeramente la demanda de justicia constitucional
Por otro lado, la demanda de justicia constitucional ha aumentado ligeramente: se registraron 8.591 nuevos asuntos jurisdiccionales frente a los 8.370 de 2021, lo que supone un incremento del 2,64%.
Los recursos de inconstitucionalidad se redujeron con respecto al año anterior. En 2022, se presentaron 36 y en 2021, 39. La mayoría de ellos, 26, fueron planteados por diputados o senadores. El Presidente del Gobierno interpuso seis recursos frente a leyes autonómicas y las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron tres leyes estatales.
También disminuyeron las cuestiones de inconstitucionalidad (27 en 2022 frente a las 35 de 2021). No se promovió ningún conflicto constitucional, como tampoco se presentaron requerimientos sobre la constitucionalidad de tratados internacionales o impugnaciones de disposiciones autonómicas.
En cuanto a los asuntos ingresados, llegaron a lo largo del año .591 asuntos jurisdiccionales nuevos, es decir, 221 asuntos más que en 2021, año en el que habían ingresado 8.370 demandas de justicia constitucional.
