El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, ha asegurado este martes que la redacción de la eventual ley de amnistía al ‘procés’ que reclama Junts para investir a Pedro Sánchez es una «competencia nacional», pero ha avisado de que «hay algunos límites», en referencia al impacto que puede tener la norma en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.
Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa durante el seminario ‘Servicio público de Justicia en tiempos de cambio’, celebrado en el Módulo Permanente de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en IFEMA, en Madrid.
No ha recibido ningún texto de ley sobre el que se pueda pronunciar
Reynders ha insistido en que hasta el momento no ha recibido ningún texto de ley sobre el que se pueda pronunciar. «He escuchado que puede ser posible que en los próximas horas o días haya un texto de referencia en las negociaciones para la formación de Gobierno», ha apuntado.
En este sentido, ha recalcado que estará pendiente. «Primero de todo, como dije, es una competencia nacional, pero, por supuesto, hay algunos límites. Y sabes que en Europa estamos muy involucrados en la lucha contra la corrupción», ha dicho.
El comisario europeo ya advirtió el pasado 14 de septiembre de que si bien seguía la situación postelectoral en España no podía valorar una eventual amnistía al ‘procés’ dado que no tenía en su poder ningún documento o borrador sobre el que pronunciarse.
Ayer lunes, Reynders avisó en una intervención en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo de que estaría atento al impacto de la ley de amnistía, en especial en lo que se refiere a delitos de malversación que afecten a fondos europeos.
Según apuntó, un texto legal como el que exige Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez dejaría «privadas de contenido» sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos «muy graves» como la malversación o la desobediencia.
Insistió en que por el momento no puede hacer una evaluación precisa de la ley de amnistía porque no hay ningún documento formal sobre la mesa que pueda examinar.
