El edificio de los Juzgados de Almería, donde tiene su sede el órgano judical que ha señalado el juicio para dentro de 3 años y medio.
Los Juzgados de lo Social de Almería ya están señalando juicios para febrero de 2027
Así ha ocurrido en el Juzgado de lo Social número 4
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24/10/2023 06:30
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Actualizado: 24/10/2023 11:24
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El Juzgado de lo Social número 4 de Almería ha señalado un juicio de una reclamación de complemento de maternidad por un jubilado para nada más y nada menos que para febrero de 2027.
La demanda fue interpuesta el pasado 5 de octubre y la vista oral se ha fijado para dentro de casi tres años y medio.
En concreto, tres años y cuatro meses.
El demandante tiene 71 años. Solicita un complemento de un 15% más mensual de su pensión por sus cuatro hijos, que le supondría aproximadamente unos 260 euros más al mes, según informa a Confilegal su abogado, Ramón Granados Almécija, letrado laboralista de Almería con 12 años de trayectoria profesional.
Va a interponer un recurso de reposición contra el decreto de admisión de la demanda que fija esta fecha para que se señale otra fecha más próxima que garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.
Es el señalamiento más tardío que se conoce en Almería.
Granados destaca que estamos ante un litigio sin complejidad.
Según informa este letrado, la justicia tardía es el pan de cada día en los juzgados de lo social de Almería.
En este sentido, indica que juicios de complemento de maternidad y de incapacidad permanente se están señalando a tres y cuatro años vista, y que hay juzgados que señalan juicios de despido más de un año después de interponer la demanda, lo cual también es una barbaridad, según afirma.
Y esta situación, según explica, es generalizada en todos los juzgados de lo Social de esta provincia, pese a que hay dos jueces de refuerzo.
Preguntado sobre qué cree que está fallando, indica que la ratio de asuntos en Almería es muy elevada respecto a otras provincias limítrofes, como, por ejemplo, Málaga o Granada.
Este letrado hace un llamamiento a la Administración para que “tome cartas en el asunto e intente corregir este desfase en los señalamientos”.
“Es una cuestión de voluntad política. La Junta y el Gobierno deberían corregir esta situación. Está en su mano”, manifiesta haciendo hincapié en que justicia tardía no es justicia.
EN SEVILLA YA SE ESTÁN FIJANDO PARA ABRIL DE 2027
En los Juzgados de lo Social de Sevilla ya se están fijando juicios para abril de 2027. El Juzgado de lo Social 9 de Sevilla ha señalado uno por reclamación de cantidad de una trabajadora de una paga extraordinaria, de unos 12.000 euros, para el 22 de abril de 2027, según ha denunciado el letrado Antonio Manuel Jurado Cabezas, socio del despacho Jurado Meilán.
Granados señala de forma irónica que encima hay que cruzar los dedos para que no coincida el día del señalamiento con alguna huelga.
Esto le ha ocurrido a una abogada de Murcia, quien recientemente ha denunciado en Confilegal que el Juzgado de Primera Instancia número 14 le ha fijado un juicio cuatro años después de celebrarse la audiencia previa, en febrero de 2020. El juicio tenía que haberse celebrado el pasado 2 de febrero, pero fue suspendido por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs). Y ello ha supuesto que se vuelva a señalar para un año después: el 15 de febrero de 2024.
DANIEL SÁNCHEZ BERNAL DENUNCIA QUE LA JUSTICIA TARDÍA ES UN ATROPELLO A LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Ramón Granados ha pedido ayuda para este recurso al abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, conocido por su lucha contra la justicia tardía, quien ya ha recurrido hasta tres veces ante el órgano de garantías en busca de amparo.
Respecto a uno de ellos, el TC dictó la famosa sentencia del pasado 10 de octubre, pronunciándose sobre las dilaciones indebidas, tachándolas de intolerables.
Sánchez Bernal también ha solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condene a España a indemnizar a un cliente suyo por los daños morales que le está causando la dilación de su caso.
Por violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Del artículo 6.1. Solicita un mínimo de 20.000 euros por el perjuicio ocasionado.
Preguntado por Confilegal sobre qué opina de este caso de Almería, señalado a casi tres años y medio vista, Daniel Sánchez Bernal declara que “esta situación es gravísima y que, como siempre, los verdaderamente perjudicados son los ciudadanos, los justiciables, a los que ni les van ni les vienen los problemas estructurales de la Justicia, y se ven abocados a tener que soportar la lentitud de la Justicia”.
“Dios no lo quiera, pero lo mismo, en casi cuatro años, fallece antes de que se celebre su juicio”, expresa este letrado. Y apunta que no sería la primera vez que sucede. Al respecto recuerda que como publicó Confilegal, una abogada sevillana, María Yolanda Capellán Cote, ha denunciado públicamente que se le murió un cliente con cáncer esperando el juicio para divorciarse de su ex y poder casarse con su pareja. Y era su última voluntad.
“Hay circunstancias personales que rodean estas peticiones de auxilio de los ciudadanos verdaderamente escalofriantes”, apunta.
También pone el foco en lo duro que es para la abogacía tener que explicar a un cliente -que acude a la justicia porque no tiene más alternativas- que será oído, muy probablemente, para dentro de 3 o 4 años.
Este letrado sevillano subraya que entre todos tenemos que luchar contra este atropello a los derechos de los ciudadanos: “No podemos mirar a otro lado. La ciudadanía debe decir ‘basta ya’ y no consentir esta situación. Hay que reaccionar ante esta pandemia que es la lentitud de la Justicia”.
Daniel Sánchez Bernal sostiene que ante estas situaciones “hay que solicitar responsabilidades al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias, por mal funcionamiento de la Justicia”.
“Hay que quejarse, reclamar, recurrir los señalamientos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos normalizar lo que debe ser excepcional. No es de recibo que los perjudicados sean siempre los justiciables. No es justo ni tienen obligación alguna de soportar las consecuencias del mal funcionamiento de la Justicia”, concluye.
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