Esta letrada y el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, conocido por su lucha contra los señalamientos tardíos, subrayan que justicia tardía no es justicia. En la imagen, el Palacio de Justicia de Murcia, que alberga el Juzgado de Primera Instancia 14, donde se juzgará este caso.
Una abogada de Murcia denuncia que le han fijado un juicio cuatro años después de celebrarse la audiencia previa
Estaba señalado para el pasado mes de febrero, pero se suspendió por la huelga de los LAJs, y ahora se ha fijado para un año después: febrero de 2024
|
19/10/2023 06:30
|
Actualizado: 19/10/2023 10:19
|
Una abogada de Murcia denuncia que el Juzgado de Primera Instancia número 14 de esta Comunidad Autónoma le ha fijado un juicio cuatro años después de celebrarse la audiencia previa, en febrero de 2020.
El caso es un pleito sobre una herencia y la letrada asiste a uno de los demandados.
Según informa, la madre de su cliente falleció y una sobrina de su cliente, nieta de la fallecida, quiere el 100 por 100 de la herencia.
“La fallecida, en el último momento, dos días antes de fallecer cambió el testamento y dejó la herencia a partes iguales para todos sus herederos: seis hijos. Pero la nieta no está de acuerdo, y quiere que todo sea para ella, por lo que demandó a todos su tíos”, relata la letrada, que prefiere mantenerse en el anonimato públicamente.
La demanda fue presentada en julio de 2017.
El juicio tenía que haberse celebrado el pasado 2 de febrero, pero fue suspendido por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs).
Y ello ha supuesto que se vuelva a señalar para un año después: el 15 de febrero de 2024, a las 9.30 horas.
“Es un proceso larguísimo que en principio tardará siete años, lo que provoca un desasosiego en los demandados”, critica esta letrada, quien no entiende cómo se admitió la demanda, ya que “la legítima de los herederos -en este caso, los hijos de la fallecida- es intocable”.
Según informa, “en estos años el juzgado ha cambiado de titular y ha fallecido una de las demandantes, que son una hija de la fallecida y una nieta, que son madre e hija”.
JUSTICIA TARDÍA NO ES JUSTICIA
Y subraya que “Justicia tardía no es justicia”.
Máxima que también reitera el letrado sevillano Daniel Sánchez Bernal, conocido por su lucha contra los señalamientos tardíos.
“Ese año de diferencia puede ser brutal para el justiciable, tanto en lo económico como en lo emocional, que lo que quiere es obtener una respuesta lo más rápida posible a sus legítimas pretensiones”, señala a Confilegal, preguntado lo que puede suponer ese retraso para un cliente.
“Pongamos, por ejemplo, que se trate de un caso de ‘okupas’. El propietario tendría que estar un año sin poder utilizar la vivienda que es suya”, apunta.
También recuerda una información publicada por Confilegal sobre el caso de una abogada sevillana, María Yolanda Capellán Cote, que ha denunciado públicamente que se le murió un cliente con cáncer esperando el juicio para divorciarse de su ex y poder casarse con su pareja. Y era su última voluntad.
Daniel Sánchez Bernal hace hincapié en que lo que quieren los ciudadanos es obtener una respuesta lo más rápida posible a sus legítimas pretensiones, y denuncia que, sin embargo, se han convertido en la víctima de este mal de la lentitud de Justicia, en este caso agravada por la huelga de LAJs.
“Lamentablemente, los justiciables están pagando los platos rotos del mal funcionamiento de la Administración de Justicia por causas que ya todos conocemos, como son la falta de medios humanos y materiales y las huelgas de LAJs y funcionarios, en reivindicación también de sus legítimas reivindicaciones”, expresa.
Daniel Sánchez Bernal destaca que “es hora de plantarle cara a la lentitud de la Justicia”.
Como ha informado recientemente Confilegal, este letrado ha solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condene a España a indemnizar a un cliente suyo por los daños morales que le está causando la dilación de su caso.
Por violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Del artículo 6.1.
Solicita un mínimo de 20.000 euros por el perjuicio ocasionado.
De ser estimada la demanda, el TEDH concede una indemnización mínima de 10.000 euros, y el Estado también sería condenado al pago de las costas y los gastos causados.
Sánchez Bernal ya ha presentado tres demandas ante el TC contra los señalamientos tardíos.
El Constitucional le dio la razón el pasado 10 de octubre estimando la primera que presentó, importante sentencia que ya se enseña en las universidades españolas.
La segunda demanda de amparo fue desestimada y es la que ha llevado ante el TEDH. De la tercera aún no se ha pronunciado el tribunal.
Este abogado reclama que se reforme la ley orgánica del Constitucional para que se permita poder recurrir las inadmisiones a trámite, y también para que el tribunal de garantías motive por qué no admite el amparo.
Daniel Sánchez Berbal hace un llamamiento a luchar “entre todos” contra los señalamientos tardíos, y pide a las autoridades competentes que “de una vez por todas solucionen esta pandemia que padecen los juzgados”.
En los Juzgados de lo Social de Sevilla ya se están señalando juicios para abril de 2027.
LA SALUD MENTAL, OTRO PROBLEMA
Sánchez Bernal también señala otro problema, como es el de la salud mental.
Señala que en 2018, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordó la salud mental en la judicatura con unos resultados absolutamente abrumadores: el 84% de los jueces y magistrados calificaron su trabajo como muy estresante. “Concretamente, como actividad de riesgo psicosocial muy elevado debido a la alta carga que soportan a diario”, detalla.
Además, indica que según reveló la Asociación Internacional de Abogados (IBA) en 2021, el 56% de los abogados que participaron padecían ansiedad generalizada y depresión.
Destaca que este problema afecta tanto a los profesionales jurídicos, por un sinfín de causas, entre ellas el exceso de horas de trabajo, la alta carga de trabajo, que se soporta a diario, pero también a los ciudadanos que acuden a la justicia y que tienen que esperar 3 o 4 años a que se resuelva su despido improcedente, sin haber recibido siquiera su indemnización mínima legal.
O, por ejemplo, en caso de que uno se vea abocado a un procedimiento penal, del que al cabo de varios años se le absuelve del delito por el que fue investigado, acusado y juzgado, y ha sufrido un calvario durante la larga espera hasta que llega la decisión judicial firme.
Noticias Relacionadas:
